Veracruz, Ver.- En la revisión de la Cuenta Pública del 2015, la Auditoria Superior de la Federación, logró detectar un evidente desvió de recursos cuando aun fungía como secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

A pesar de que en 2015 ya existían problemas en materia de seguridad en el estado, de acuerdo con la auditoría número 1469-GB-GF, el gobierno estatal de Javier Duarte, desvió 59 millones 972 mil 800 pesos, dañando a Hacienda Pública Federal más los intereses de esta cifra.

El Gobierno federal envió 95 mil 369 millones de pesos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Auditoría Superior de la Federación, informó que  el gobierno de Veracruz en 2015, abrió una cuenta para recibir esta ministración.

El interés que generó el monto al estar depositado fue aproximadamente de 20 millones 200 mil pesos, sin embargo comenzaron a realizarse traspasos a otras cuentas bancarias a nombre del gobierno estatal.

De acuerdo con el informe de la ASF se desconoce a dónde fueron a parar estos recursos.

Así también se determinó un faltante de 59 millones 972 mil 800 pesos y quedaron pendientes las determinaciones de los intereses generados a marzo del 2016.

Dentro de las observaciones se decretó que no fueron debidamente devengados 48 millones 278 mil 300 pesos, que serían aplicados como en temas de seguridad y prevención del delito.

A este monto se le añaden los 20 millones 200 mil pesos de impuestos que generó el dinero mientras estuvo depositado sin ejercerse, mismos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y no se remitió la cancelación de la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del subsidio.

Las contralorías generales del estado y de la Fiscalía General de Veracruz  iniciaron los procedimientos a través de los expedientes números 240/2016 y PDA/10/2016.

De acuerdo a ellos las dependencias responsables son no sólo es la SSP sino la Secretaría de Finanzas y Planeación. En 2015 la secretaría estuvo a cargo los tres primeros meses de Mauricio Audirac, sustituido por Antonio Gómez Pelegrín, que se mantuvo hasta el final de la administración.

Fuentes de la Contraloría confirmaron que este proceso debió avanzar durante la administración pasada, sin embargo quedó parcialmente detenido.

Actualmente, el proceso se ha reactivado y espera que pronto haya resultados que podrían derivar en la inhabilitación de funcionarios y daño patrimonial.

De acuerdo con el Órgano de Fiscalización del Estado, se determinó un faltante en la cuenta bancaria establecida para la administración de los recursos de 59 millones 972 mil 800 pesos, misma cifra dada a conocer por la ASF, y la instancia responsable de solventar era la Sefiplan.