El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, sentenció que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá hacer pública la información sobre las fosas clandestinas e inhumaciones que han sido objeto de investigación ministerial entre 1960 y 2015, esto al considerar inconstitucional una resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Y es que el INAI declaró reservada la información porque forma parte de las averiguaciones previas sobre el número de fosas clandestinas en el periodo de la “Guerra Sucia” y la “Guerra contra el narcotráfico”, solicitada por la organización no gubernamental Artículo 19 capítulo México, dedicada a promover los derechos de libertad de información y de acceso a la misma.
Por lo que el juez, consideró que su divulgación no representa ningún riesgo real e identificable en las investigaciones, pues se trata sólo de datos sobre el número de fosas y los resultados de las averiguaciones previas.