Xalapa, Ver.-El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Antonio Portilla Vázquez, rechazó proteger o maquillar la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, al contrario, aseguró que se trabaja con profesionalismo, apego a la Ley y eficacia, lo cual le permitió detectar ciertas inconsistencias de las empresas fantasmas, y que hasta hace unos días pudo constatar las irregularidades que fueron denunciadas ante el Ministerio Público (MP).
Explicó que al revisar las cuentas públicas 2012, 2013 y 2014 pudieron constatar que administrativamente, dichas empresas estaban legalmente constituidas, pero aun así fueron observadas, y tras la publicación de la investigación de las «empresas fantasmas» hicieron sus compulsas y detectaron irregularidades como los pagos por servicios y productos no devengados.
Ante esto, procedieron hace unas semanas a presentar las denuncias penales de hechos ante el MP, y dijo que será la Fiscalía la que determine cuáles funcionarios o ex funcionarios públicos son los responsables de esta situación.
Aseguró que estos delitos no prescribirán y ya está en manos de la Fiscalía actuar en consecuencia de quienes se hayan visto involucrados en estos hechos.
Respecto a las denuncias contra los presidentes municipales y ex alcaldes que llevan años y que no han sido determinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), mencionó que poco puede hacer, pues es facultad exclusiva del Ministerio Público realizar la integración de los expedientes.
De igual forma confió que no prescriban estos delitos, y si la autoridad correspondiente determina alguna responsabilidad contra ex servidores públicos municipales consigne ante el juez, para que finalmente sean resueltos estos asuntos.
A pesar de que hace unos días el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez, había dado como un hecho, que sería a mediados del mes septiembre cuando se entregara la Cuenta Pública 2015, para ser aprobada todavía por la actual Legislatura durante el mes de octubre, el auditor Antonio Portilla Vázquez rechazó esta versión.
Resaltó que la ley le otorga como plazo máximo el 15 de octubre de cada año para entregarla, por lo cual, estimó que sería bajo ese plazo que se entregue el informe técnico al Congreso.