Ciudad de México.-Apenas en tres años la planta laboral del Instituto Nacional Electoral (INE), creció a mil 859 puestos y tuvo remanentes por 2 mil 817.9 millones de pesos en un lustro, incluidos fondos para pagar personal que nunca se contrató, convirtiéndose el ‘almacén de recursos’, o sea, en una especie de ‘cochinito’ presupuestal.
La contraloría general del instituto, encabezada por Gregorio Guerrero Pozas, da cuenta de esta situación en su informe previo de gestión 2016, donde señala que la solicitud creciente de recursos para pago de personal ‘‘no parece encontrar un asidero objetivo ni una justificación auténtica, lo que resulta altamente cuestionable’’.
El informe critica un ‘‘errático’’ contrato con Price Waterhouse y rezagos en los proyectos inmobiliarios, y plantea eliminar la entrega de un bono al personal por sobrecarga de trabajo en los procesos electorales locales.
No se observó la voluntad de otros meses por construir una ruta de modernización cierta que alcance avances definitivos y ponga solución a los problemas administrativos del INE. Si bien se reconoce la apertura y la comunicación fluida, cordial y respetuosa con la contraloría general, ésta no se traduce en avances concretos que transformen administrativamente al órgano electoral nacional.
Identificó 795 plazas presupuestales que permanecieron vacantes durante las 12 primeras quincenas de este año, equivalentes a 88.7 millones de pesos no erogados, así como 215 plazas por honorarios desocupadas.
La tendencia institucional es la de, año con año, solicitar más recursos presupuestales, sin que se haya llevado a cabo un análisis profundo sobre las necesidades reales de plazas y por ende del tamaño óptimo de sus estructuras, refiere el contralor general.
Explica que por esta razón del año 2011 a 2015 hubo sobrantes que han permitido destinar más de 810.4 millones de pesos al Fideicomiso de Pasivo Laboral.
Censura además que “dichos recursos permanecen ‘comprometidos’ en el presupuesto hasta que se determina considerarlos ‘ahorros y economías’ y se opta por readecuarlos para hacer frente a operaciones que no se tuvieron oportunamente previstas, lo que apunta a que este capítulo pareciera cumplir una función de ‘almacén’ de recursos que conviene tener comprometidos para después disponer de ellos’’.
Se volvió a ‘‘cuestionar’’ los cuantiosos remanentes registrados desde 2011: el más alto de 731 millones de pesos en 2013, y el más bajo, de 300 millones en 2012. Estas cantidades incluyen recursos destinados a fideicomisos laborales y de infraestructura, al fondo de prerrogativas para partidos políticos y reintegros a la Tesorería de la Federación.