Ciudad de México.-El nuevo sistema penal en México, puesto en marcha el pasado 18 de junio, funciona sin que nadie vigile su correcta aplicación y resultados. La red de expertos que colaboró en la implementación del nuevo modelo de justicia, denunció que el órgano autónomo que se encargaba de hacerlo ya no tiene facultades para intervenir y el Gobierno Federal no tiene planes para crear uno nuevo.
Esto ocurre a pesar de que este sistema penal no está consolidado. Aunque por mandato constitucional desde el 18 de junio entró en funcionamiento en todo el país, el gobierno reconoció que su funcionamiento óptimo será hasta 2024 pues hay rezagos en la construcción de salas de juicios orales, capacitación de policías y la implementación del sistema de justicia para adolescentes, entre otros.
El presidente de la Red Nacional de Juicios Orales, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, dijo además que con la desaparición de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SETEC) que era el órgano autónomo responsable de supervisar el sistema, se ponen en riesgo los recursos económicos para el éste.
La SETEC contaba con un presupuesto propio anual (el último de 80 millones de pesos) para supervisar la implementación y funcionamiento del sistema, pero además, administraba más de mil 200 millones de pesos en subsidios que se daban a las entidades para que invirtieran en infraestructura, capacitación y modificaciones legales, entre otros.
El área de comunicación de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SETEC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dijo que hay un acuerdo firmado entre los tres poderes del pasado 20 de julio para dar seguimiento a la consolidación de dicho sistema.
El problema, tal y como dijeron los expertos de la red, es que dicho acuerdo no plantea la creación de un órgano autónomo y por el contrario, deja a discreción de los estados si aceptan o no un mecanismo de vigilancia coordinado.
La SETEC se creó por decreto, el 13 de octubre de 2008, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para la implementación del nuevo sistema penal que entre otras innovaciones sustituía los procesos escritos por juicios orales. El plazo para el arranque del sistema vencía el 18 de junio de 2016.
En el actual sexenio, ante el retraso en la puesta en marcha del sistema en los estados, la SETEC diseñó un nuevo esquema de seguimiento con más de 30 indicadores divididos en tres ejes y tres operadores. La metodología dio resultados, se detectaron retrasos en obras, presupuesto mal aplicado y errores en las entidades que ya lo habían puesto en funcionamiento, entre los más importantes. Así se logró que llegada la fecha límite, los estados pudieran iniciar el sistema aunque en algunos casos como Guerrero fue con lo mínimo.
Para hacer este trabajo la SETEC tenía un equipo de casi cien personas y un presupuesto aprobado año con año, exclusivo para su operación. Además, en su calidad de órgano autónomo, contaba con la capacidad de vigilar la implementación del sistema en todos los estados y el correcto uso de miles de millones de pesos en subsidios.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema el 18 de junio concluyó el periodo de funcionamiento de este órgano que estuvo presidido por María de los Ángeles Fromow. Desde esa fecha se inició el trabajo administrativo de cierre y liquidación que concluirá el próximo mes de octubre.
Convenio opcional
El 20 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio”, en el cual se delegó a los poderes federales implementar la supervisión de su sistema en el ámbito de sus atribuciones, y crear enlaces para coordinarse entre ellos.
Como último punto del acuerdo, se estableció que las entidades federativas “que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, podrían adherirse al acuerdo”. Se trataba de un convenio opcional.
El presidente de la Red Nacional de Juicios Orales aseguró que este convenio carece del mínimo alcance operativo para supervisar el funcionamiento del sistema penal en los estados.
En la sesión que sostendrá el Consejo Nacional de Seguridad este martes 30 de agosto, añadió Sánchez Bocanegra, se oficializará el nuevo mecanismo resultado del acuerdo de los Tres Poderes. “Creemos que todo esto será convertido en un programa del Sistema Nacional, bastante disminuido y con un presupuesto y personal mucho menor que el de la SETEC”, explicó.
Frentes abiertos
Aunque ya funciona en todos los estados del país, el nuevo sistema penal enfrenta aún varios obstáculos para su consolidación. Los pendientes son de distinto tipo, desde temas de capacitación hasta de infraestructura.
“Lo más urgentes es la capacitación de los policías, tanto investigadores como preventivos. Recientemente se cambio el informe homologado que es el que tienen que rendir los agentes luego de cualquier hecho y es necesario que se refuerce la capacitación en este sentido”, dijo Sánchez Bocanegra.
De acuerdo con datos oficiales, la mayoría de los 450 mil policías preventivos del país cuentan apenas con un taller básico de 40 horas sobre fundamentos del nuevo sistema. La duración del curso fue recortada para alcanzar la meta de dar una preparación mínima a los agentes antes de arrancar el sistema.
Por otra parte el sistema penal acusatorio inició con 804 salas de juicios orales habilitadas. Muchas de ellas son nuevas pero también hay casos en donde se tuvieron que rentar casas para habilitarlas. La estimación oficial es que aún se requieren construir 400 salas de juicio oral más para garantizar un funcionamiento óptimo.
Estos y otros pendientes tomarán aun un plazo de ocho años en quedar solventados, según la estimación de la casi existan SETEC.