El senador Antonio Anastasia, instructor del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer su informe sobre el caso y recomendó que la mandataria sea destituida por «atentar contra la Constitución».

El informe, presentado ante la comisión del Senado a cargo del proceso, identificó «plenas razones» para avanzar hacia la pérdida del mandato de Dilma Rousseff, quien responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos del Estado brasileño.

«Voto por la procedencia de la acusación y porque prosiga el proceso» de destitución, dice el informe de Anastasia, divulgado por el Senado poco antes de la lectura del documento en la comisión.

El informe tiene 441 páginas y dice que los delitos fiscales que se le atribuyen a Rouseeff suponen un «atentado a la Constitución» y son «de tal gravedad» que, según las leyes, tienen como pena la pérdida del mandato y la apertura de un juicio político.

Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el juicio político, y desde esa fecha la sustituye su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer —al que acusa de traidor y mentor del «golpe»—, quien deberá completar el mandato que vence el 1º de enero de 2019 en caso de su destitución.

La mandataria suspendida responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

«Perjudició la vida de los brasileños».

El informe de Anastasia afirma que las maniobras del gobierno de Rousseff provocaron un «descontrol fiscal» que vinculó directamente a la crisis que sufre la economía de Brasil, que en 2015 se encogió un 3,8%. Afirma que el desequilibrio por el irregular manejo de los presupuestos «amplió el endeudamiento público, impactó en la inflación y el PIB» y «perjudicó» la calidad de vida de los brasileños.