La Cámara baja del Congreso de los Estados Unidos dio luz verde ayer a extender hasta el 2019 la ley de sanciones contra los siete funcionarios del Gobierno venezolano vinculados en prácticas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Ahora pasará a manos del presidente estadounidense Barack Obama para que le dé su aprobación final.

El senador Marco Rubio –que estuvo en carrera para ser el candidato republicano para las elecciones presidenciales de EE.UU en noviembre y es uno de los principales promotores de la legislación en la Cámara Alta–, solicitó a Obama a través de un correo electrónico que “implemente totalmente” la ley para salir en defensa del pueblo venezolano.

“En la medida que el despreciable régimen continúa violando los derechos de su propio pueblo, es nuestro deber como país seguir haciendo todo lo que podamos para enfrentar la catástrofe en la que se ha convertido en Venezuela”, manifestó Rubio.

Cabe destacar que el proyecto de ley, aprobada inicialmente a finales del 2014, insta a que se congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en actividades de represión y de corrupción. Fue diseñada tras las protestas de febrero ese año que ocasionaron una ola de arrestos y actos de violencia que dejaron al menos 43 muertos y casi 900 heridos.

Los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos son: el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central), Antonio Benavides Torres; el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López; el presidente de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), Justo Noguera Pietri; la fiscal del Ministerio Público Katherine Haringhton; el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta; el presidente de la Empresa del Estado Venezolano de Turismo (Venetur), Miguel Vivas Landino; y el exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Gregorio Bernal Martínez.