Xalapa, Ver.-El contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, definió como “positiva” la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la investigación por las supuestas empresas “fantasma” que denunció el medio de comunicación Animal Político.
“Qué bueno que el SAT ya se involucró, qué bueno que está dando información, ojalá que la investigación llegue a fondo y que se pueda tener un dato último que sea el verdadero”, manifestó.
El funcionario sostuvo que no hubo operaciones fraudulentas en la asignación de contratos a las empresas, que para el caso ahora el SAT investiga a 26 empresas.
Se comprometió a que de lograrse algún dato en específico, la Contraloría General a su cargo, llevará a cabo una investigación a fondo, aunque en este momento ya se encuentra certificando todas las operaciones que señala el medio de comunicación nacional, aunque para el caso de las operaciones por más de mil millones de una sola empresa, dijo que se debe recordar quién o quiénes eran los titulares de las dependencias en los años que apunta Animal Político, que en algunos casos son de 2010, cuando inició la administración actual al Gobierno.
Recalcó que el Gobierno de Veracruz cuenta con la documentación fehaciente para garantizar que la administración estatal actuó legalmente.
“Con claridad, el SAT dice que estaban registradas las empresas, con claridad el SAT dice que existen las empresas, es decir, no hay empresas fantasmas en Veracruz como nosotros lo dijimos en el programa de Ciro Gómez Leyva, nosotros no fuimos a mentir ni a defender a nadie, nosotros fuimos a decir la verdad, a actuar con la verdad”, afirmó.
Reiteró que las empresas cumplieron en tiempo y forma con todos los requisitos que marca la ley.
García Guzmán aseguró tajante que los bienes y servicios por los que se brindaron los recursos estatales se entregaron en virtud de que existen los padrones de beneficiarios. Reconoció que el SAT tiene facultades, por lo tanto puede llegar a revisar las empresas si tiene o no empleados, dónde están ubicados, entre otros.
Esquivó definir si es justo o no que ahora se quiera señalar a los notarios públicos por avalar las operaciones, pues no es su ámbito de competencia, que es la parte testimonial que obra en los archivos del Gobierno del Estado.