Ciudad de México.- Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana –respaldada por más de 420 mil firmas- a través de la que proponen modificar el artículo 4 constitucional para establecer como derecho humano el acceso a la electricidad, y que se reglamente en la legislación secundaria lo que denominaron una “tarifa social”.

Una comisión representativa –encabezada por Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y por Juan Luis González Vargas, dirigente y coordinador de la ANUEE- ingresó al Palacio Legislativo para entregar formalmente la propuesta al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el perredista Jesús Zambrano Grijalva.

Esparza Flores sostuvo que es urgente que se analice y apruebe dicha propuesta, dada la grave situación económica de la mayoría de los mexicanos y el incremento -de hasta 250%- en las tarifas eléctricas, luego de que Felipe Calderón decretara en 2009, la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

“Se puede acordar una tarifa social para que los usuarios realmente paguen la luz, pero a una tarifa que se ajuste a la situación económica de cada familia y eso, el Estado lo puede satisfacer sin problema”, detalló.

El dirigente sindical denunció que cientos de personas padecen amenazas permanentes de cortes masivos de luz, luego de que dejaron de pagar recibos de entre 20 y 40 mil pesos por carecer de recursos; además, agregó que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acostumbran cortar la electricidad por la noche y que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) persiguen a los deudores.

Cuestionado sobre la viabilidad de que una reforma constitucional –como la que decretó el acceso al agua como derecho humano- verdaderamente modifique la realidad nacional, Esparza Flores declaró: “es importante señalar que la infraestructura eléctrica es del Estado y se construyó con los impuestos de los mexicanos, por lo que no hay que erogar ni un peso; es con las plantas que son del Estado, con las que se puede satisfacer a 32 millones de usuarios domésticos del país”.

Ante la inminente entrada al mercado mexicano de empresas privadas que podrán vender energía eléctrica, el dirigente del SME afirmó que no habrá mejora en el servicio ni se reducirán los precios de la electricidad, tomando en cuenta la experiencia internacional sobre desregulación de este sector, en particular en un país como el nuestro, en el que 80% de la electricidad se genera con gas, por lo que mientras más disminuyan los hidrocarburos, más se incrementará el precio del producto.

En este contexto, cabe recordar que la CFE abrió una licitación pública a largo plazo de energías renovables en la que se detalla que pagará el kilowatt hora a los productores de energía a 45 centavos, al mismo tiempo de que lo cobra en 1.75, 2.50 y el de alumbrado público a 3 pesos, cuando su producción no cuesta más de 56 centavos.

El líder sindical criticó que los legisladores no volteen a ver las verdaderas necesidades de la ciudadanía y recordó que una iniciativa similar ya había sido presentada en el Senado de la República; sin embargo, la comisión a la que fue turnada nunca la analizó, por lo que –por acuerdo- fue desechada.

Entre las exigencias de la ANUEE y del SME está la abrogación de reformas como la energética y través de la que se modificó el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como PENSIONISSSTE.

Los dirigentes hicieron un llamado a los ciudadanos a dar seguimiento al tema en cada una de las etapas del proceso legislativo, además de exigir a sus diputados impulsar y votar a favor dicha propuesta.