La Auditoría Superior de la Federación (ASF), expuso en su informe sobre el desempeño de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el año 2014; que las acciones de esta Comisión fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que tuvieran un efecto en el desarrollo de la población indígena, y a su vez, que esta no acreditó el gastó de más de 220 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, la CDI gastó mil 176 millones 500 mil pesos a través del programa presupuestario P013 ‘Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas’; sin embargo destinó casi la mitad de ese presupuesto a pagar los sueldos de sus empleados más las compensaciones de ley, lo que suma 522 millones 258 mil pesos, es decir, el 44.4%.
El restante fue distribuido principalmente entre el programa ‘Servicios Generales’, por 299 millones 260 mil pesos, y el capítulo de ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas’, por 293 millones 133 mil pesos.
En ese sentido; dentro del programa ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas’, la CDI no aportó a la Auditoría pruebas documentales suficientes que dieran cuenta de en qué gastó más de 223 millones de pesos y de cómo contribuyó ese dinero a fomentar el desarrollo de la población indígena mexicana.
Guerrero fue la entidad con el mayor monto de recursos invertido, por el orden de 59 millones 901 mil pesos, sin embargo, la Auditoría apunta que, a pesar de que se gastaron casi 60 millones de pesos, “no se identificaron reuniones con los pueblos indígenas de la región que abarca la delegación de Guerrero y tampoco se detectó que coordinara la acción pública para atender sus necesidades, ni que definiera criterios de atención prioritaria para atenderlas, aun cuando se ejercieron recursos destinados a este fin”.
Por otra parte, según el órgano fiscalizador, la CDI realizó 135 reuniones en 2014 para detectar las necesidades de la población indígena, la cual, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), enfrenta en un 95% algún tipo de carencia, como falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la vivienda y a la alimentación, o rezago educativo; sin embargo, la ASF detectó que tras la realización de esas 135 reuniones “no se identificaron acuerdos relativos a la detección de necesidades específicas”. Asimismo, en esos encuentros tampoco se acordaron estrategias para abordar las carencias, “con la intención de permitir la adecuada toma de decisiones”.
Por otra parte, la CDI informó que capacitó a 232 servidores públicos en 2014 en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esto no se tradujo en una mejor atención a los ciudadanos indígenas, ya que según la Auditoría las capacitaciones “no se orientaron a desarrollar las capacidades para mejorar la atención de las necesidades y garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.
A partir de esta evaluación, la ASF determinó 12 observaciones, las cuales generaron hasta 25 recomendaciones al desempeño de la Comisión de los Pueblos Indígenas, entre las que destacan; Que la CDI incorpore las prioridades de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno; que disponga de información de la participación de la población indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo para la atención de sus necesidades; que defina los procedimientos para la obtención de los apoyos del programa, así como la población objetivo, y disponga de indicadores e información sobre el cumplimiento de los objetivos del mismo.