La investigación por desaparición forzada del mecánico Víctor García García, en Tierra Blanca, mantiene en alerta y molestos a especialistas en derechos humanos al permanecer bajo fuero militar.
Ciudad de México.
Édgar Cortez , representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, argumenta que quienes encontraron el cuerpo de Víctor García García fueron elementos de la Gendarmería y ésta debió haber dado aviso al Ministerio Público federal y no a la Procuraduría de Justicia Militar.
“Aunque se reformó el Código de Justicia Militar, sigue habiendo una inercia y una mentalidad de las instituciones civiles de plegarse o de darle cierta prioridad en los hechos a las instancias militares, porque son militares los responsables”. Édgar Cortez
A su vez; el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, coincidió con la inconformidad del fuero militar y consideró que la investigación debe darse en la jurisdicción civil.
“En todos estos casos siempre queda la duda, la incógnita, de que tanto el Ejército, monopolizando las investigaciones, tiene una investigación independiente e imparcial”. Mario Patrón
Patrón refirió que no se trata de un caso aislado, ya que se asemeja a el caso de Tlatlaya, en el Estado de México, y la desaparición de seis jornaleros agrícolas en La Calera, Zacatecas.
“Hay claros contextos de macrocriminalidad, o sea tenemos sectores policiales y de la propia institucionalidad del Estado, que están incurriendo en graves violaciones a derechos humanos y que incluso podría haber duda de qué tanto están en consentimiento o acuerdo con el crimen organizado».
“Este caso sucede en Tierra Blanca, donde ha emergido también a la voz pública el caso de cinco jóvenes que fueron entregados por la Policía estatal al crimen organizado. La pregunta es qué tanto estamos hablando de un territorio en donde la institucionalidad del Estado está en realidad trabajando para el crimen organizado”, finalizo.