El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó en Hawthorne, California, al exmiembro del Ejército Mexicano Enrique Martínez Chávez, quien enfrenta una orden de aprehensión en México por el delito de desaparición forzada de personas debido a su presunta vinculación con el caso Ayotzinapa y los 43 normalistas ausentes.
La institución estadounidense confirmó que el exmilitar permanecerá bajo estricta custodia de las autoridades migratorias del país vecino del norte hasta que se formalice su proceso de repatriación a suelo mexicano.
El imputado forma parte del grupo de 16 efectivos de las Fuerzas Armadas cuyas órdenes de aprehensión originales, tramitadas inicialmente por la Fiscalía General de la República (FGR), resultaron canceladas en el transcurso del año 2022 y posteriormente reactivadas por los órganos judiciales federales durante el periodo de 2023.
De acuerdo con las constancias recabadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) gestionó originalmente 83 mandamientos de captura en agosto de 2022 ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca.
La acusación de las instancias ministeriales ubica al detenido dentro de la docena de efectivos que presuntamente acompañaron al capitán José Martínez Crespo durante los recorridos nocturnos efectuados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
Las indagatorias señalan que este personal militar habría intimidado a los normalistas que buscaban protección dentro de las instalaciones del Hospital Cristina tras los primeros ataques armados.
Los hechos que originaron la búsqueda internacional de Martínez Chávez se remontan a la jornada en que los estudiantes de Ayotzinapa acudieron a Iguala con el propósito de movilizar autobuses de pasajeros para acudir a las marchas conmemorativas del 2 de octubre en la Ciudad de México. Elementos de las corporaciones policíacas locales abrieron fuego contra las unidades vehiculares para truncar su avance, bloqueando el trayecto de cinco unidades.
Durante las horas subsecuentes, supuestos integrantes de la organización delictiva denominada Guerreros Unidos continuaron con las agresiones armadas. El balance oficial de esa noche arrojó:
• Víctimas mortales: Seis personas ejecutadas en el lugar, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural. Uno de los cuerpos fue hallado en horas posteriores en un área despoblada con huellas visibles de tortura física.
• Lesionados: Al menos 40 ciudadanos heridos, de los cuales dos normalistas sufrieron secuelas permanentes y graves en su salud.
• Desaparecidos: Los 43 estudiantes cuyo paradero final aún no ha sido determinado por las investigaciones.
Los informes acumulados por las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 180 los afectados directos por violaciones graves a las garantías individuales, sumando cerca de 700 víctimas indirectas al contabilizar a los núcleos familiares de los agraviados.
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