Un total de nueve funcionarios pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Guardia Nacional (GN) y otras dependencias fueron sancionados, anunció la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno a través de un comunicado emitido este domingo.
En el caso de Pemex, la dependencia destituyó e inhabilitó a José ‘Z’, quien era el responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, debido a que no atendió una demanda laboral. En el caso de la CFE fue suspendida Ruth ‘M’, una oficinista comercial, por incumplir lineamientos al generar contrataciones.
José ‘V’, subagente de la Guardia Nacional (GN), así como Miguel ‘O’ y Yuri ‘S’, quienes son guardias, fueron suspendidos por 30 días, debido a que presentaron certificados carentes de validez. También se suspendió a Magdalena ‘R’, auxiliar del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), por ofender a una ciudadana.
Entre las amonestaciones públicas figuran: Fernando ‘C’, médico del IMSS, debido a que incurrió en una serie de faltas de respeto a una compañera de trabajo; Rebeca ‘A’, subdirectora del DIF, quien incurrió en omisiones en la rendición de cuentas; y Andrea ‘N’, jefa de departamento en la Administración del Puerto de Manzanillo.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, “las sanciones se impusieron conforme la ley, considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”, anunció.
Inhabilitan por 10 años a funcionaria del ISSSTE
Este mismo domingo, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno anunció que Ruth ‘L’, quien se desempeñaba como asistente administrativa en la representación estatal del ISSSTE en Guanajuato, por un presunto desvío de recursos por 913 mil 952 pesos.
Las investigaciones determinaron que Ruth ‘L’ asignó recursos públicos a una tercera persona ajena a la institución, a través de un cheque por la cantidad antes mencionada y sin ninguna clase de fundamento. La sanción fue impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Al igual que en los casos antes mencionados, la persona sancionada cuenta con derecho a impugnar. Asimismo, invitó a las personas a sancionar cualquier acción “contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad”, se lee en el documento.
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