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MCCI.-Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las 100 empresas que más recibieron contratos públicos acumularon el 49.8% del total de recursos asignados mediante contratación pública y transparente a través del portal ComprasMX (antes CompraNet). En total, recibieron 403 mil 968 millones de pesos de nuestro dinero. Se esperaría que este grupo de empresas, al ser los contratistas públicos más destacados, también fueran empresas notables por sus políticas de integridad, una pieza fundamental para evitar el riesgo de prácticas corruptas.
Para poder evaluar las políticas de ética corporativa del grupo de 100 empresas contratistas más grandes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desarrolló el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025 (IIPE). En esta primera edición, la calificación promedio fue de 56 puntos sobre un máximo de 100, mostrando un rezago importante en la implementación de programas de cumplimiento y políticas relacionadas con el comportamiento ético de las compañías. Ninguna de las 100 empresas obtuvo el máximo puntaje posible y 46 de ellas tienen una calificación reprobatoria, inferior a 60 puntos. Además, 27 compañías no cumplieron con alguno de los criterios indispensables para ser proveedores del gobierno, tales como tener un registro como proveedor o una dirección física verificable. Incluso, una de estas compañías fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno durante 2025.
Estos resultados evidencian que una proporción relevante de los principales proveedores del Estado carece de capacidades mínimas para prevenir y gestionar riesgos de corrupción, lo que no solo limita la efectividad de los programas de cumplimiento corporativo, sino que incrementa la exposición del Estado a prácticas irregulares en la ejecución de contratos y en el ejercicio del gasto público.
La importancia de la integridad corporativa en los proveedores del Estado.
Hasta el año pasado, existían tres formas en las que el gobierno podía comprar bienes o contratar servicios: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. La licitación pública es un concurso abierto a que cualquier empresa o persona pueda cubrir una necesidad del gobierno; mientras que las otras dos tienen una participación más restringida para quienes pueden participar. La nueva ley de adquisiciones, publicada en abril de 2025, contempla nuevos procedimientos que le otorgan mayor flexibilidad al gobierno en escenarios específicos como las compras consolidadas. Estas nuevas modalidades son el diálogo competitivo, la adjudicación directa con estrategia de negociación y la asignación de órdenes de suministro.
Las contrataciones del gobierno son uno de los espacios más propicios para que sucedan actos de corrupción. Desde MCCI hemos documentado las irregularidades en las contrataciones realizadas por el gobierno federal y, más recientemente, por el Congreso de la Unión , donde la discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos es uno de los problemas más recurrentes. Sin embargo, las autoridades contratantes representan solo la mitad de la ecuación; también están los actores privados que reciben estos contratos. Su participación es determinante para que la compra de algún producto o la adquisición de un servicio se traduzca en que las personas reciban bienes y servicios públicos de calidad y al mejor precio posible o, por el contrario, se desvíen o desperdicien los recursos del erario.
Las acciones de integridad corporativa están orientadas a reducir los riesgos de corrupción desde el interior de la empresa. El diseño, implementación y difusión de políticas de integridad constituyen una de las medidas más eficientes que puede adoptar el sector privado para reducir estos riesgos. Aunque las políticas de integridad no garantizan por sí mismas que no sucedan actos de corrupción —u otras acciones ilegales—, sí tienen un efecto disuasorio y constituyen un paso en la dirección correcta. Poner por escrito normas para regular la vida interna de una organización y asegurar su cumplimiento cotidiano dificulta que las personas se pongan de acuerdo para realizar alguna actividad ilícita. En otras palabras: elevar los costos para que los actores involucrados establezcan los acuerdos informales y clandestinos necesarios para cometer un acto de corrupción.
Para realizar el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025 ( IIPE ), procesamos la información sobre los contratos del Gobierno Federal que se transparentaron en la plataforma ComprasMX y que fueron celebrados en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
Es importante recordar que esta plataforma no considera información de proveedores de Pemex y CFE, así como obras o servicios relacionados con programas prioritarios o proyectos estratégicos realizados por las fuerzas armadas; Estas excepciones fueron consideradas por la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas . Tampoco fueron considerados aquellos contratos clasificados bajo el argumento de seguridad nacional.
Con esta información, identificamos a los 100 proveedores que recibieron más recursos públicos. En conjunto, estas compañías recibieron 403 mil 968 millones de pesos, lo que representa el 49.6% del gasto federal en contrataciones durante este período.
A partir de esta información, procedemos a evaluar las políticas de integridad de las empresas. Nuestro objetivo fue determinar si cuentan o no con las características mínimas indispensables para poder prevenir posibles actos de corrupción, detectarlos, investigarlos y sancionarlos. El IIPE fue elaborado con base en la metodología del Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500) —desarrollado por MCCI, Transparencia Mexicana y la revista Expansión— a la que añadimos elementos adicionales sobre las características ideales que debe tener un proveedor de gobierno.
Este nuevo índice evalúa 39 elementos de las empresas, como características de su sitio web, su código de ética y su política anticorrupción. Este índice no es un certificado de ausencia de corrupción en las empresas ni en sus negocios con el gobierno federal. Se trata de una evaluación documental sobre la existencia y la publicidad de las características indispensables para que una política corporativa de integridad pueda prevenir, detectar, investigar y sancionar un posible acto de corrupción al interior. Cada empresa obtiene un puntaje entre 0 y 100 puntos, en donde 100 indica que su política de integridad tiene los elementos indispensables para poder evitar actos de corrupción y 0 apunta que no cuenta con ninguno de estos criterios. A continuación, el detalle de nuestros hallazgos.
Calificación promedio reprobatoria: 56 puntos de 100 entre los principales contratistas
El promedio general de los 100 proveedores más grandes del gobierno federal fue de 55,6 puntos de 100 posibles. No obstante, los resultados muestran una dispersión elevada. Por un lado, un grupo importante de empresas presenta puntajes bajos: 46 empresas obtuvieron una calificación reprobatoria, con 38 empresas que obtuvieron menos de 25 puntos. Por otro lado, 35 compañías registraron 85 puntos o más, lo que las coloca en el grupo de mejor desempeño. Esta distribución describe dos polos: uno en el que cuentan con la mayoría de los elementos necesarios para una política de integridad efectiva; y otro, en el que no cuentan con prácticamente ninguno de estos criterios.
Las 10 empresas peor evaluadas en el IIPE 2025 obtuvieron menos de 13 puntos de los 100 posibles. Ninguna de ellas cuenta con información sobre sus políticas de integridad publicadas en su sitio web. En conjunto, estas compañías recibieron 465 contratos por un monto de 32 mil 962 millones de pesos. Como punto de referencia, esos recursos equivalen a 19 veces el presupuesto de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o a la mitad de todo lo que gastará la Secretaría de Salud este año.
Para cuatro empresas no fue posible localizar ni siquiera la existencia de una página web. Estas compañías recibieron en conjunto 141 contratos por más de 17 mil millones de pesos. Esto implica que estas empresas recibieron una cantidad de recursos similar a la que gastará todo el Poder Legislativo durante 2026, sin que sepamos cuáles son sus medidas para evitar sobornos, si cuentan con políticas para prevenir el lavado de dinero o si tienen un código de ética. Estas empresas son: Comercializadora Seguridad Privada con Responsabilidad Social, Importadora Manufacturera Bruluart, Pegsa Construcciones y Puerta del Sol Capital.
En el otro lado de la distribución están las empresas que cumplen con la gran mayoría de los elementos evaluados. Si bien ninguna obtuvo los 100 puntos posibles, cinco sí lograron más de 96. Entre los elementos pendientes están la inclusión de directivos en los entrenamientos de integridad y el establecimiento de sanciones específicas en caso de incumplimiento de sus políticas. Estas empresas suman 574 contratos por un monto total de 14 mil 180 millones de pesos.
El puntaje más repetido —la moda— fue de 22.9 puntos, pues 10 empresas obtuvieron esa calificación. Este grupo está conformado por compañías que tienen un sitio web funcional, en el que pueden encontrarse un aviso de privacidad, una dirección física y un canal para solicitar cotizaciones. Además, cuentan con registro como proveedores y no están sancionadas, pero no tienen un código de ética ni una política anticorrupción.
Al final de esta publicación puede encontrarse la calificación de cada una de las 100 empresas evaluadas en el IIPE 2025.
Los componentes del Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025
El IIPE 2025 está dividido en siete componentes. Cinco tomados directamente de la evaluación IC500 y dos nuevos, elaborados a partir de las irregularidades más frecuentes identificadas en los reportes de Nuestro Dinero sobre las contrataciones del gobierno federal:
Declaración de principios. Este componente es relevante porque constituye el núcleo de la política de integridad. Se trata del compromiso público de la empresa con los valores de integridad. Mide elementos como la publicación de un código de ética o una política anticorrupción hasta una clara postura contra el soborno.
Relaciones con terceros. Este apartado representa uno de los cinturones de protección de la política, porque lleva los valores que sostiene la empresa a sus vínculos con actores externos: proveedores, autoridades y sociedad.
Capacitación y alcance. Este componente es el segundo cinturón de protección. Establece los mecanismos para que los valores defendidos por la empresa se apliquen en su vida interna. Evalúa si directivos y representantes también están sujetos a estas normas, así como la existencia de un programa de entrenamiento sobre los códigos y políticas.
Sistema de denuncia. Esta es la última pieza que garantiza el cumplimiento de los valores defendidos por la empresa mediante un mecanismo que permite que cualquier persona pueda denunciar un incumplimiento, que sea investigado y sancionado. Además, evalúa si existen garantías de confidencialidad y de que no habrá represalias para los denunciantes.
Disponibilidad de información. Las políticas de integridad no sirven si están guardadas en un cajón. Por eso, este componente determina la accesibilidad de los documentos de integridad para que puedan ser consultados por el personal, los socios comerciales y la sociedad en general.
Condiciones como proveedor: Determina las características indispensables del sitio web de la empresa, como que sea navegable por un usuario externo, que cuente con un canal para solicitar cotizaciones y que permita identificar una dirección física de la compañía.
Además, verifica que cuente con un registro de proveedores del gobierno federal, que no esté sancionada o inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o que no haya sido señalada por el SAT como un contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes, según el artículo 169-B del Código Fiscal de la Federación.
Relaciones con gobierno: Evalúa el contenido de las políticas de integridad de la empresa para determinar si contempla consideraciones especiales para establecer relaciones comerciales con gobiernos y si señala un compromiso con la libre competencia. Asimismo, mide la existencia de políticas para hacer regalos o donaciones a servidores públicos, así como las acciones para evitar conflictos de intereses en la obtención de contratos.
El levantamiento de la información se realizó entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre de 2025. La metodología completa puede consultarse aquí: Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/reprobados-en-integridad-la-mitad-de-los-100-contratistas-principales-del-gobierno/
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