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MÉXICO.-La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la nueva Ley General de Aguas, que reconoce el agua como un derecho humano, prohíbe su acaparamiento y establece penas de hasta ocho años de prisión por delitos contra las aguas nacionales.
Pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se manifestó en contra del trámite en fast-track, la mayoría de Morena y sus aliados avaló dispensar todos los procedimientos para llevar el dictamen al pleno. El proyecto integra más de 50 modificaciones derivadas de demandas de organizaciones campesinas, aunque el coordinador morenista Ricardo Monreal adelantó que habrá cambios adicionales en la discusión en lo particular.
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho al agua. Entre las disposiciones más relevantes se incluye la posibilidad de que productores agrícolas vendan o hereden concesiones, previo aval de la autoridad; sin embargo, la bancada del PRI afirmó que esto es contradictorio, pues la legislación aún señala que los derechos de concesión no son transmisibles.
El dictamen también incorpora un capítulo de delitos contra las aguas nacionales, que serán perseguidos de oficio. Las sanciones van de tres meses a cinco años de prisión para quienes alteren o desvíen cauces sin autorización y provoquen daños, con una excepción explícita para actividades de uso personal, doméstico o agropecuario familiar, atendiendo las preocupaciones de criminalización al campo.
Asimismo, se contemplan penas de hasta ocho años de cárcel para servidores públicos o particulares que tramiten concesiones mediante sobornos. Entre los cambios relevantes incluidos por la mayoría destaca el reconocimiento del derecho de los propietarios a vender o heredar tierras junto con la concesión de agua, con resoluciones expeditas por parte de la autoridad —en un máximo de 20 días hábiles— en casos de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones o sucesiones.
Aunque se redujeron algunas penas respecto a la propuesta original y cambió la denominación del capítulo de “Delitos Hídricos” a “Delitos contra las Aguas Nacionales”, el bloque oficialista mantuvo los ejes considerados innegociables: garantizar el derecho humano al agua, combatir el robo y acaparamiento del recurso, y ordenar el sistema de concesiones.
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