Michoacán.-En medio de las protestas nacionales por precios justos del maíz, productores de distintas entidades rechazaron la propuesta del gobierno federal de fijar el precio del grano en 6 mil 50 pesos por tonelada, presentada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, durante una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.

Los inconformes aseguraron que la oferta no cubre los costos reales de producción ni de traslado, pues actualmente la industria de la tortilla y la harina paga 5 mil 200 pesos por tonelada, a lo que se suma una ayuda gubernamental de 850 pesos, cantidad que consideran insuficiente.

Los productores demandan establecer el precio base en 7 mil 200 pesos por tonelada, con el argumento de que los insumos, el fertilizante y los combustibles han aumentado significativamente en los últimos meses.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan en Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, donde automovilistas y transportistas enfrentan más de 17 horas de bloqueos en casetas y avenidas principales. Los manifestantes advirtieron que mantendrán las protestas hasta que el gobierno federal revise su propuesta y atienda sus exigencias.

Las organizaciones agrícolas pidieron una nueva reunión con las autoridades en los próximos días, para buscar un acuerdo que garantice la viabilidad económica del campo mexicano y evite el desabasto de maíz en los mercados nacionales.

Exigen precios de garantía y apoyos ante la crisis del campo
Ayer 27 de octubre de 2025, miles de productores de granos básicos, principalmente de maíz, se han manifestado frente a Palacio Nacional y han bloqueado carreteras en al menos 17 estados del país. Las protestas, encabezadas por organizaciones campesinas, responden a la caída en los precios de los granos y a la falta de apoyo del gobierno federal, al que exigen establecer un precio de garantía justo y medidas urgentes para enfrentar la crisis del campo mexicano.

En Morelia, los manifestantes, conformados por empresarios, jornaleros y organizaciones campesinas, se concentraron en las casetas de cobro de Ecuandureo y Panindícuaro, ubicadas sobre el tramo carretero Morelia–Guadalajara, donde desde temprana hora comenzaron a permitir el libre paso a los automovilistas.

Los agricultores señalaron que su protesta tiene como objetivo visibilizar la crisis que enfrenta el campo mexicano, derivada del incremento en los costos de producción, la falta de apoyos gubernamentales y la caída en los precios de venta de sus productos.

Exigen precios justos y seguridad
La movilización fue encabezada por integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes demandaron al gobierno federal la implementación de políticas públicas que garanticen la rentabilidad del campo y la seguridad de quienes lo trabajan.

Los representantes del movimiento explicaron que los bajos precios de productos como el limón, el aguacate, el maíz y el sorgo han puesto en riesgo miles de empleos y la estabilidad económica de comunidades enteras. “Estamos produciendo a pérdida, sin seguridad ni respaldo institucional”, denunciaron.

Además de los problemas económicos, los productores exigieron mejores condiciones de seguridad para empresarios y jornaleros, pues la violencia y la presencia del crimen organizado han afectado a la cadena productiva agrícola en la región del Bajío y Tierra Caliente.

Paro indefinido y presión al gobierno federal
Los inconformes advirtieron que mantendrán las tomas de las casetas de cobro de manera indefinida, hasta que las autoridades federales y estatales establezcan una mesa de diálogo para atender sus demandas. “No queremos confrontación, queremos soluciones”, expresaron durante la protesta.

De acuerdo con los organizadores, la jornada forma parte de un paro nacional del sector agrícola, que busca presionar al gobierno federal para que se restablezcan los apoyos a la producción y se garanticen precios de garantía que cubran los costos de siembra y cosecha.

Los manifestantes también solicitaron la reactivación de programas de financiamiento y subsidios al diésel agrícola, así como la reducción de las importaciones de granos básicos que —aseguran— afectan la competitividad del campo mexicano.

Finalmente, los productores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato hicieron un llamado a la sociedad a solidarizarse con su causa, al considerar que el abandono del campo repercute directamente en la economía nacional y en el precio final de los alimentos. “Sin campo no hay país, y sin justicia para el campo, no hay futuro”, concluyeron.

Agricultores de la zona norte de Tamaulipas bloquearon este lunes la carretera Victoria–Matamoros y el libramiento de Río Bravo, en demanda de precios justos para sus granos y la exclusión del maíz y el sorgo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Juan Manuel Salinas Sánchez, director de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, la inclusión de estos productos en el tratado comercial ha afectado directamente la comercialización nacional, pues permite la importación de granos a bajo costo, lo que reduce los precios internos y pone en riesgo la rentabilidad de los productores mexicanos.

En el kilómetro 201 de la carretera Victoria–Matamoros, en el punto conocido como “La Y”, los agricultores del Valle de San Fernando se apostaron con tractores y camionetas para impedir el paso de transporte de carga pesada. Sin embargo, permitieron la circulación de vehículos particulares y autobuses de pasajeros, en un intento por mantener una manifestación pacífica.

Bloqueos en Sinaloa
Productores agrícolas de Sinaloa tomaron este lunes varias casetas de peaje en señal de protesta pacífica, como parte del paro nacional del campo. Las movilizaciones buscan presionar al Gobierno Federal para que establezca un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, que cubra los costos de producción afectados por el aumento de insumos, energía y transporte. Las casetas liberadas incluyen El Pisal (Navolato), San Miguel Zapotitlán (Ahome) y Cuatro Caminos (Guasave), donde los automovilistas han circulado sin pagar peaje.

Los productores también denunciaron que aún no se han pagado los apoyos correspondientes a la cosecha 2023, lo que dificulta la planeación del siguiente ciclo agrícola. “Estamos pidiendo lo justo. No podemos seguir vendiendo por debajo de lo que cuesta producir”, señaló uno de los voceros en El Pisal. Desde la semana pasada, manifestantes realizaron bloqueos intermitentes en carreteras y accesos a bodegas en Angostura, Salvador Alvarado y Guasave, exigiendo mesas de diálogo con autoridades federales y estatales.

El gobernador Rubén Rocha Moya declaró que los productores “están en su derecho de manifestarse” y confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda las demandas en los próximos días. Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las exigencias del sector.

Protesta nacional por precios y apoyos
Alrededor de 200 agricultores del sector ejidal y de pequeña propiedad se sumaron a la protesta, bloqueando el libramiento de Río Bravo en ambos sentidos. La manifestación forma parte de una movilización nacional del sector agrícola, que busca presionar al gobierno federal para revisar las políticas públicas de apoyo al campo.

Los inconformes exigieron precios de garantía para el maíz y el sorgo, créditos accesibles y programas de apoyo a la producción. También demandaron la creación de una financiera nacional agropecuaria, que otorgue créditos a tasas preferenciales, con menos requisitos y trámites más ágiles.

“En Estados Unidos los agricultores pagan una tasa del 4%, mientras que en México supera el 20%. Esa diferencia nos deja fuera de competencia”, señaló Salinas Sánchez.

Reclamos al costo del diésel y seguros agrícolas
Entre las peticiones de los productores también se encuentra el apoyo gubernamental en el costo del diésel, que actualmente pagan a 25 o 26 pesos por litro, frente a los 10 pesos que cuesta en Estados Unidos.

Asimismo, exigieron la reinstalación de un programa de seguro agrícola subsidiado, en el que el gobierno cubra al menos el 50% de la prima, pues actualmente los productores deben pagar el 100%.

Otra de sus propuestas es la creación de un ingreso objetivo garantizado, que asegure una base mínima de rentabilidad, ya que actualmente —dijeron— los agricultores solo reciben lo que el mercado les ofrece, sin estabilidad ni protección frente a la volatilidad de precios.

Finalmente, Salinas Sánchez expresó su confianza en que las autoridades federales escuchen las demandas del movimiento campesino y atiendan los planteamientos del sector productivo. “Queremos soluciones y diálogo, no confrontación. Nuestra lucha es por la sobrevivencia del campo mexicano”, afirmó.

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