Acapulco.-Una agente de la Guardia Nacional (GN), identificada como Stephany Carmona Rojas, fue asesinada dentro de las instalaciones del 51º Batallón en Acapulco, Guerrero, presuntamente por un compañero de la misma corporación. El presunto responsable, el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, se dio a la fuga tras el ataque sin que el personal de seguridad del recinto impidiera su salida.
El cuerpo de la joven, originaria de Ajalpan, Puebla, fue encontrado con dos impactos de bala en la cabeza, de acuerdo con los primeros reportes periciales. La agresión ocurrió la noche del martes dentro del cuartel donde ambos estaban asignados.
De acuerdo con los reportes iniciales, la joven fue hallada con dos impactos de arma de fuego en la cabeza dentro del cuartel militar. Tras esto, las autoridades notificaron a su familia que el hecho ocurrió durante una “práctica de tiro”, versión que los familiares calificaron de falsa.
Su madre, María Fernanda Carmona, viajó desde Puebla hasta Acapulco tras recibir una llamada del Hospital Naval Militar de Acapulco, donde le informaron que su hija había ingresado herida. Al llegar, le notificaron su muerte y la condujeron a una bodega donde reconoció el cuerpo.
“Nada de lo que me dijeron tiene sentido. Mi hija no estaba en una práctica, fue asesinada”, declaró la madre, quien exige que el caso se investigue con perspectiva de género y sin encubrimiento.
Compañeras de la víctima han señalado que en el cuartel existían antecedentes de acoso laboral y sexual hacia mujeres. En mensajes compartidos en redes sociales, Stephany habría denunciado hostigamiento previo, pero también advirtió que fue amenazada con arresto si formalizaba una queja.
Denuncias ignoradas y presunta omisión institucional dentro de la Guardia Nacional
Conversaciones difundidas entre Stephany y otra integrante de la GN muestran que la joven ya había reportado acoso dentro del batallón.
“Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”, escribió en uno de los mensajes.
Pese a estas alertas, no se habría abierto ninguna investigación interna. Los testimonios apuntan a una falla en los protocolos de prevención y atención a la violencia de género dentro de la corporación. A la par, y hasta el corte de edición de esta nota, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni confirmado si existe una orden de aprehensión en curso.
El crimen ha sido denunciado en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaStephany, el cual fue impulsado igualmente por familiares, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos que reclaman rendición de cuentas por parte de las autoridades militares.
En Ajalpan, su comunidad natal, familiares y vecinos realizaron una vigilia para exigir que la muerte de Stephany no quede impune. Su cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco y en espera de ser trasladado a Puebla.
Por otra parte, el gobierno de Ajalpan ―lugar de origen de la joven― ha demandado que exista una investigación exhaustiva y apegada a la ley por estos hechos.
El caso de Stephany Carmona reaviva el debate sobre la violencia de género dentro de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en México, donde persisten denuncias de acoso, hostigamiento y represalias contra mujeres que buscan denunciar.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero se mantiene entre los estados con mayor número de feminicidios en el país; por ello, varias organizaciones han advertido la falta de mecanismos de protección para mujeres uniformadas.
La madre de Stephany insiste en que su hija soñaba desde la secundaria con servir al país como parte de la Guardia Nacional. Hoy, su familia exige que ese sueño no se convierta en otro caso impune:
“Mi hija quería proteger a México. Ahora yo le pido al Estado que la proteja a ella, aunque sea con justicia.”
A tan solo unos días de que se registrara el crimen, las autoridades estatales y la propia Guardia Nacional mantienen hermetismo sobre los hechos. Actualmente, no se ha confirmado la localización del presunto responsable ni se han difundido medidas disciplinarias contra los mandos del batallón.
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