LASILLAROTA.-La Fiscalía General de la República (FGR) y un juzgado federal en Almoloya de Juárez advirtieron que una red criminal integrada por funcionarios y elementos activos de la Secretaría de Marina podría continuar operando a favor del huachicol fiscal, tener acceso a recursos económicos, armas, rutas marítimas y tecnología que les permite mantenerse ocultos, obstaculizar la justicia y seguir obteniendo beneficios ilícitos.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, a la que La Silla Rota tuvo acceso, el juez federal ordenó la captura de trece personas acusadas de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Entre los señalados se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, Clímaco Aldape Utrera, Miguel Ángel Solano Ruíz, Humberto Enrique López Arellano, Francisco Javier Antonio Martínez, Sergio Varela Morales, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, quienes, según el expediente, habrían conformado una estructura jerárquica dentro de aduanas marítimas como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, utilizada para facilitar la importación ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos mediante documentos falsos y empresas fachada.
Aunque existen denuncias internas desde 2019 por tráfico y venta ilegal de combustibles en puertos del país, la orden de aprehensión por el huachicol fiscal fue emitida hasta el 18 de agosto de 2025, y no fue sino hasta septiembre cuando el caso se dio a conocer públicamente. En ese mismo mes, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina obtenida por La Silla Rota un exfuncionario presentó una denuncia a través de un correo electrónico.
La Secretaría de Marina respondió a una solicitud de información en la que reconoció haber recibido reportes por actividades ilícitas relacionadas con huachicol y contrabando marítimo, incluso en Matamoros, pero afirmó que no existían investigaciones ni sanciones administrativas contra su personal, y que no había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos entre 2019 y 2024.
Por otra parte, el documento de la FGR detalla que los acusados cuentan con entrenamiento militar y poder económico, además algunos siguen en funciones dentro de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que les otorga acceso a información de seguridad nacional, tecnología y personal capaz de manipular pruebas o intimidar testigos.
«Estamos en presencia de una organización criminal que a la fecha se encuentra operando, la cual despliega conductas para su protección y continuar funcionando”, señala la resolución judicial, que justifica la emisión de las órdenes de captura sin audiencia previa debido al alto riesgo de evasión y obstaculización de la justicia.
La causa penal concluye que los implicados conforman una estructura delictiva de alto nivel, con capacidad para seguir operando incluso durante el proceso judicial. Por ello, el juzgado ordenó su traslado a centros federales de máxima seguridad: los hombres al Cefereso 1 “Altiplano”, en el Estado de México, y las mujeres al Cefereso 16 Femenil Morelos, en Coatlán del Río. El juez determinó que la única medida viable para garantizar la justicia y evitar la manipulación del proceso era la aprehensión inmediata, al considerar que “las condiciones de riesgo hacen imposible su citación o comparecencia voluntaria”.
Además, la resolución vincula a la red con los homicidios del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la agente de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, ocurridos en Manzanillo, Colima, con apenas dieciocho días de diferencia, en noviembre de 2024. Ambos fueron asesinados con armas calibre 9 milímetros y bajo un modus operandi similar: dos hombres a bordo de una motocicleta, acompañados por un vehículo de apoyo. Las víctimas, según el expediente, mantenían vínculos laborales o familiares con personal de la Marina y agencias aduanales.
De acuerdo con la causa, Guerrero Alcántar fue ejecutado tras haber denunciado por escrito una red de corrupción dentro de las fuerzas armadas y el sistema aduanero. El juez advierte que los homicidios revelan “un riesgo claro para los operadores de justicia, testigos y peritos”, pues los investigados cuentan con “economía abundante, adiestramiento militar, conocimiento de rutas marítimas y contactos dentro de instalaciones estratégicas de seguridad nacional”.
El caso, contenido en la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, forma parte de una investigación más amplia sobre una red de corrupción y contrabando de combustibles que habría operado desde distintas aduanas del país con protección institucional. Las autoridades consideran que los responsables podrían haber continuado sus actividades incluso durante la investigación judicial.
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