La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 116/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), tras la negativa de esta institución a aceptar la Recomendación 88/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionada con un caso de secuestro y asesinato.
El 11 de noviembre de 2019, la madre de la víctima solicitó la intervención de la CEDH. En su escrito relató: “El 14 de abril de 2017, mi hija fue secuestrada. Recibí una llamada en la que me pedían dinero por su libertad. Conseguí la cantidad solicitada y la entregué, siguiendo las instrucciones de los secuestradores, pero no me devolvieron a mi hija”.
La denunciante aseguró que presentó la denuncia correspondiente, pero que a la fecha “no existe una línea de investigación que lleve a la verdad histórica de los hechos”, lo que ha impedido conocer la causa de la muerte de su hija.
El 17 de marzo de 2021, durante una mesa de trabajo con visitadores de la CEDH, la madre amplió su queja para señalar nuevas irregularidades.
“Es mi deseo ampliar mi queja con los hechos planteados hoy, la forma en que me notificaron el hallazgo de los restos y las irregularidades que se han presentado en la investigación, además de la falta de atención de las autoridades”.
Posteriormente, el 7 de septiembre de 2022, agregó más elementos al expediente:
“Otra situación irregular es que las carpetas de investigación abiertas por hallazgos de restos en Coatzintla, en 2020 y 2021, no se acumularon a la carpeta de investigación del secuestro de mi hija. En esos hallazgos se localizaron identificaciones, un bolso y una bota de mi hija, objetos que no me han sido devueltos ni sé si se practicaron peritajes”.
La madre afirmó que cuando recibió los restos de su hija estos “no se encontraban completos”, lo que incrementó su incertidumbre. Además, al no tener acceso a las carpetas abiertas por los hallazgos en Coatzintla, desconoce si los restos óseos encontrados en esas fechas fueron identificados o descartados como pertenecientes a su hija.
“Me encuentro en constante incertidumbre. Es mi deseo ampliar la queja en contra de la Fiscalía por esta situación”, expresó en el acta circunstanciada levantada por la CEDH.
Tras analizar el caso, la CEDH Veracruz concluyó que la Fiscalía incurrió en omisiones que vulneraron el derecho de acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la reparación integral del daño. Por ello, en septiembre de 2024 emitió la Recomendación 88/2024, solicitando a la Fiscalía reabrir líneas de investigación, acumular las carpetas, garantizar la atención a las víctimas indirectas y reparar el daño.
La negativa de la Fiscalía a aceptar esta recomendación motivó que la CNDH emitiera la Recomendación 116/2025, para insistir en que se garantice justicia a los familiares.
El 22 de octubre de 2024, la FGEV rechazó la recomendación argumentando que ya se habían realizado las diligencias necesarias, en coordinación con el área pericial y la Policía de Investigación, para atender el derecho de acceso a la justicia y la búsqueda de la verdad.
Posteriormente, un familiar de la víctima interpuso un Recurso de Impugnación, turnado a la CNDH el 13 de diciembre de 2024.
Tras analizar el caso, la CNDH concluyó que los argumentos de la Fiscalía “no son congruentes con el principio pro persona”, que obliga a garantizar la protección más amplia a las víctimas. La Comisión enfatizó que el número de diligencias realizadas no asegura la exhaustividad ni la eficacia de la investigación.
Por ello, solicitó a la FGEV aceptar y cumplir con la recomendación estatal. En caso de mantener su negativa, el organismo nacional advirtió que remitirá copia de la Recomendación 116/2025 a la CEDH, para que esta solicite la comparecencia de la persona titular de la Fiscalía ante la Legislatura local.
Patrón de negativas
La CNDH recordó que en meses pasados emitió las recomendaciones 38/2025, 46/2025, 63/2025, 70/2025 y 74/2025, derivadas de recursos de impugnación por la misma causa: la negativa de la Fiscalía de Veracruz a aceptar determinaciones de la Comisión Estatal.
El organismo señaló que este patrón vulnera derechos de las víctimas y limita su acceso a la reparación integral del daño.
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