El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de denunciar a los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos navales, como presuntos líderes de una red delictiva vinculada al huachicol fiscal en puertos y aduanas.
Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como responsables de una red que permitió el desembarque ilegal de combustible en al menos 31 buques. Roberto Farías fue detenido el 2 de septiembre de 2025, mientras que su hermano Fernando permanece prófugo.
Antes de su asesinato, Guerrero Alcántar había entregado una carta al almirante Rafael Ojeda, el 14 de junio de 2024, en la que señalaba que Roberto Farías, con apoyo de los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Climaco Aldape Utrera, manipulaba designaciones en las aduanas para favorecer operaciones delictivas. El documento fue localizado en la oficina de Guerrero en la 22 Zona Naval en Puerto Madero, Chiapas, su última adscripción.
La FGR sostiene que existe una relación directa entre el homicidio y la reunión que sostuvo Guerrero el 10 de octubre de 2024 en las oficinas del entonces titular de la Marina, en aparente respuesta a su denuncia. Según la investigación, el contralmirante informó previamente su ubicación en Manzanillo y Mazatlán durante su periodo de licencia, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables del crimen podrían ser personal de la Secretaría de Marina o allegados.
La ejecución de Guerrero compartió modus operandi con el asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar “B” en la delegación de la FGR en Colima, ocurrido el 21 de octubre de 2024. Ambos fueron atacados por dos sicarios en motocicleta, con apoyo de cómplices a bordo de un vehículo y con armas Águila calibre 9 milímetros Luger.
Como parte de las investigaciones de la FGR, han sido detenidos cinco oficiales de la Marina y cinco funcionarios de Aduanas, entre ellos Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico, quien está vinculado a la importadora Intanza, señalada por traficar millones de litros de diésel simulando ser aditivos.
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