A pesar de que el Congreso de Veracruz despenalizó la interrupción del embarazo en 2021, la legislación estatal no contempla el acceso al aborto bajo el criterio de la condición socioeconómica de la persona gestante.
Así lo señala el informe “Maternidad o castigo: hacia la despenalización del aborto en México”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el que se advierte que incluso en entidades donde el aborto no está completamente penalizado, persisten restricciones. “Con frecuencia se señalan supuestos que limitan el acceso al aborto en función de la circunstancia de la persona usuaria o la edad gestacional”, subraya el documento.
En el caso de Veracruz, la Ley contempla la exclusión de responsabilidad penal en casos de violación, imprudencia o culpa, peligro de muerte, alteraciones en el producto, afectaciones a la salud o inseminación artificial no consentida. Sin embargo, excluye otras causales como la precariedad económica, la negación de autoridades, la omisión de información o la presencia de trastornos ginecológicos.
El informe destaca que Veracruz es una de las 18 de las 32 entidades del país donde el aborto ha sido despenalizado. No obstante, se identifican deficiencias en el marco normativo de salud, como la imposición de sanciones a las personas gestantes que pueden ir de 15 a 20 días de tratamiento en libertad.
Asimismo, se señala que en 26 de los 33 códigos penales del País aún se contemplan penas privativas de la libertad para quienes asistan en procedimientos de aborto. La pena mínima es de 15 días en entidades como Colima, Tlaxcala y Veracruz, mientras que la máxima es de 6 años, como ocurre en Sonora y Tamaulipas.
Actualmente, sólo Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Michoacán cuentan con programas públicos locales de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que regulan la prestación de servicios con el objetivo de garantizar su calidad y una atención integral.
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