México.-Senadores aprobaron en comisiones con 23 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones la reforma a la Ley Antilavado. En el análisis, la oposición acusó que es parte de la estrategia de Morena para vigilar a toda la población, teniendo acceso indiscriminado a los datos personales sensibles de todas las personas a través de la Guardia Nacional y dejándolos expuestos al crimen organizado.
Con esta Ley la Secretaría de Hacienda podrá solicitar información a dependencias y organismos, sin una orden judicial, sobre todo tipo de datos económicos que se requieran.
La oposición en el Senado advirtió que las nuevas disposiciones en materia de lavado de dinero violan derechos humanos y el debido proceso y acusa que permitir el monitoreo de cuentas bancarias sin orden judicial pone en riesgo la protección de datos personales.
La senadora del PRI Carolina Viggiano advirtió sobre los riesgos de la reforma a la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y señaló que es parte de un bloque de iniciativas que buscan establecer un sistema de vigilancia sobre la población.
Y es que según Viggiano, Morena está construyendo un andamiaje legal para concentrar datos personales y financieros de la ciudadanía.
Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que la reforma tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
La reforma, añadió, amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, además de establecer un enfoque basado en riesgo, diferenciando cargas regulatorias según el nivel real de riesgo.
Corral Jurado dijo que las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal actualizan definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.
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