Este 30 de enero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia pública contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió en 2007 tras haber sido atacada por elementos del Ejército Mexicano.
Este caso se ha convertido en un símbolo de la impunidad frente a la violencia de Estado, el racismo y la discriminación estructural que enfrentan las mujeres indígenas en México.
La Corte evaluará la responsabilidad del Estado mexicano en las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por doña Ernestina, incluyendo violencia sexual, tortura, omisión en la atención médica que pudo salvar su vida, y discriminación racial feminicida. Además, se juzgará el ocultamiento de información pública que facilitó la impunidad de los perpetradores.
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio, una mujer indígena de 73 años, fue hallada gravemente herida en la comunidad de Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Según su propio testimonio en náhuatl, corroborado por familiares y testigos, fue violada tumultuariamente por entre cuatro y once miembros del Ejército Mexicano.
A pesar de su crítico estado de salud, Ernestina alcanzó a denunciar que “los militares se le vinieron encima” antes de ser trasladada al hospital regional de Río Blanco, donde falleció al día siguiente, el 26 de febrero de 2007.
Las necropsias y el testimonio de la víctima confirmaron lesiones graves compatibles con violencia sexual, así como golpes que contribuyeron a su deceso.
El caso provocó un fuerte debate nacional e internacional debido a las contradicciones en las investigaciones oficiales.
En un inicio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz reconoció evidencias de agresión sexual y golpes. Sin embargo, semanas después, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa desestimó los hallazgos, afirmando sin fundamento médico que Ernestina había muerto por “gastritis crónica mal atendida”.
Esta postura fue respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 34/2007, concluyendo que la muerte de Ernestina no estaba relacionada con violencia sexual o física, a pesar de los dictámenes iniciales de médicos legistas y autoridades comunitarias.
La CNDH cerró la investigación sin profundizar en las pruebas ni garantizar justicia para la familia de la víctima.
De acuerdo con organismos y expertos en derechos humanos, el caso de Ernestina Ascencio Rosario refleja un contexto de racismo patriarcal y discriminación sistemática hacia las mujeres indígenas en México.
Las autoridades ignoraron su testimonio por haber sido pronunciado en náhuatl y minimizaron las pruebas que apuntaban a la participación de militares en el crimen. Además, la familia de Ernestina enfrentó intimidación y obstáculos legales para buscar justicia, incluyendo la retención indebida de información pública.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en ese entonces, Rocío García Gaytán, incluso descalificó las declaraciones de Ernestina por haber sido expresadas en su lengua materna mientras estaba moribunda, reforzando el racismo institucional que permeó el caso.
Organizaciones como Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos AC, el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” AC, y Kalli Luz Marina AC han impulsado el caso de Ernestina Ascencio Rosario ante la CIDH, en colaboración con organismos internacionales como Robert F. Kennedy Human Rights y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
La audiencia pública se celebrará en San José, Costa Rica, y será transmitida a través de las plataformas de YouTube y Facebook de la Corte. Las organizaciones peticionarias buscan que la CIDH no solo reconozca las violaciones cometidas contra Ernestina, sino que obligue al Estado mexicano a garantizar justicia, reparación integral y medidas estructurales para evitar que casos como este se repitan.
El caso de Ernestina Ascencio Rosario es un recordatorio de las profundas brechas en el acceso a la justicia para las mujeres indígenas en México. Este 30 de enero, a 18 años de su muerte, su voz será escuchada nuevamente, marcando un paso crucial en la lucha por la verdad y la justicia.
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