Xalapa, Ver.– Las calles, avenidas y bulevares de al menos 12 municipios de Veracruz eran vigilados clandestinamente mediante casi 300 cámaras de videovigilancia. Estos dispositivos fueron desinstalados durante operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevados a cabo desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el pasado 17 de enero de 2025.
De acuerdo con las autoridades, la instalación de estas cámaras para vigilar espacios públicos es ilegal, lo que motivó su retiro en el marco de una estrategia para reforzar la seguridad en el estado.
¿Cómo operaban las cámaras clandestinas?
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que estos dispositivos electrónicos suelen conectarse a una red inalámbrica (módem) para transmitir video y audio en tiempo real. En este caso, las cámaras se encontraban instaladas en postes de telefonía, cables de energía eléctrica e incluso árboles.
Tras su desmantelamiento, las cámaras fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que analizará las imágenes almacenadas para determinar su contenido, la finalidad de su instalación y desde cuándo estaban operando.
Cronología de los operativos
Las movilizaciones para el desmantelamiento de cámaras se desarrollaron en distintas fechas y municipios, abarcando la zona norte, centro y sur del estado.
– 27 al 29 de diciembre de 2024: En Tuxpan se localizaron siete cámaras en las colonias Alto Lucero y Benito Juárez.
– 3 al 5 de enero de 2025: En Poza Rica, Coatzacoalcos y Xalapa se retiraron 50 cámaras. Durante este operativo se detuvo a una persona y se confiscaron armas y cartuchos.
– 7 al 9 de enero: En Poza Rica, Cosoleacaque y Minatitlán, las fuerzas de seguridad desmantelaron 82 cámaras instaladas en postes y avenidas.
– 13 de enero: En Boca del Río y Poza Rica se retiraron 22 dispositivos instalados de manera ilegal. – 14 y 15 de enero: En Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán, Córdoba y Omealca se quitaron 77 cámaras.
– 16 de enero: Un total de 60 dispositivos fueron desinstalados en Tuxpan, Ozuluama, Acayucan y Sayula de Alemán.
El desmantelamiento de estas cámaras generó sorpresa y diversas opiniones entre los ciudadanos. Algunos consideraron la vigilancia ilegal como una medida invasiva, mientras que otros señalaron la importancia de estos equipos ante el aumento de la inseguridad.
Renato Riveroll Rivera, director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, solicitó de manera oficial a las autoridades estatales que expliquen los lineamientos legales para la instalación de cámaras de videovigilancia y las restricciones que deben cumplir.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió que las cámaras de videovigilancia instaladas en las calles son empleadas para monitorear los movimientos de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública y vigilar las calles como medida de protección en busca de impunidad.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, defendió el retiro de las cámaras, argumentando que era una acción necesaria para mantener el orden en el estado.
“Es una gran estrategia de seguridad porque son cámaras ilícitas instaladas en espacios públicos. Esto es parte de poner orden en Veracruz y lo estamos haciendo bastante bien”, declaró la funcionaria.
¿Qué dice la ley sobre cámaras de vigilancia?
La instalación de cámaras de seguridad en México está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que establece:
– Es legal instalar cámaras dentro de propiedades privadas, siempre que no vulneren los derechos de privacidad de terceros.
– Si captan imágenes del exterior, es necesario notificar a los vecinos mediante anuncios visibles o reuniones informativas.
– Es ilegal instalar cámaras en baños, vestidores, habitaciones privadas, escuelas, hospitales o iglesias sin la autorización correspondiente.
Además, la Profeco recomienda que las cámaras de vigilancia se utilicen únicamente para proteger la propiedad y prevenir delitos, evitando invadir la privacidad de vecinos o transeúntes. Grabar espacios públicos sin consentimiento solo está permitido en casos de cuerpos de seguridad oficiales.
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