En su Informe Mundial 2025, la organización Human Rights Watch aseguró que “el sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz”, pues las fiscalías no investigan de manera eficaz los delitos, para llegar a judicializarlos.

“Las fiscalías no investigarán de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”; destaca el informe.

A eso se suma el panorama incierto que se avecina en materia de justicia con la reforma judicial , que implica la elección de personas juzgadoras en varios niveles a través del voto popular.

El 15 de septiembre de 2024 entró en vigor la reforma que pretende elegir para elecciones populares en 2025 y 2027 a jueces, ministros y magistrados. La organización HRW destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial “con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces”.

“La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo ”, alertó HRW.

En el informe , Human Rights Watch también enciende una alerta sobre el trabajo que realizan las fiscalías en el país, pues instituciones internacionales como las Naciones Unidas han detectado que “fabrican cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa” con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado”.

“Las autoridades a menudo recurren a la tortura para obtener confesiones e información. En la encuesta más reciente de personas encarceladas realizada por el Inegi (2021), casi la mitad de los encuestados afirmaron que, tras ser detenidos, policías o soldados les habían sometido a malos tratos físicos”, destaca el informe.

No solo eso, el Observatorio Contra la Tortura, un proyecto colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos, documentó que las autoridades recibieron 6 mil 226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022.

La organización internacional también muestra en su informe datos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, tras su visita a México en 2023.

“El grupo de trabajo expresó su preocupación por que ‘la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias’”.

“Las autoridades suelen hacer uso indebido de la disposición de flagrancia de la legislación mexicana, que las facultades para detener a una persona que sorprende cometiendo un delito”, destacó haciendo referencia a la “fabricación” de pruebas para la detención inmediata de sospechosos.

Ante la inacción de fiscales, más de 230 colectivos de búsqueda

Human Rights Watch resaltó que la situación de las desapariciones en México rebasa la capacidad de acción de las autoridades, frente a lo cual “las familias de las víctimas han formado más de 230 colectivos de búsqueda, para investigar las desapariciones”.

“Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia”.

A ello se suma que, en enero de 2024, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cerró la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana, una dependencia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y despidió a gran parte de su personal.

“Para septiembre de 2024, más de 115 mil personas fueron consideradas como desaparecidas. La mayoría desapareció a partir de 2006. Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi 5 mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto”, subrayó HRW.

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