Xalapa, Ver.- Tras casi veinte años de litigios la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe indemnizar con más de un millón de pesos al exgobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, también líder del partido Movimiento Ciudadano.

Luego de casi dos décadas de litigios, Delgado se convirtió en el primer exfuncionario que gana una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado contra la dependencia, por lo que tendrá que ser reparado el daño moral.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una resolución a través de la cual le concede la razón a Dante Delgado en su litigio contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), que mantuvo en su portal de Internet durante cinco años, la publicación de dos “inhabilitaciones” que el político veracruzano impugnó y consiguió echar abajo mediante evidencias y argumentos suficientes para acreditar su improcedencia.

Y es que, entre 2005 y 2010, mantuvo publicadas en su sitio de internet dos inhabilitaciones impuestas a Dante Delgado en la década de los 90, no obstante que éste logró echarlas abajo judicialmente y solicitó que se removieran del portal.

“La naturaleza y efectos de la inscripción realizada en internet, resultaron suficientes para acreditar la afectación del derecho al honor y a la reputación de Delgado”, resolvió el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cabe destacar que Delgado Rannauro fue injustamente encarcelado en 1996, y que como resultado de ello, sufrió dos inhabilitaciones para ejercer el servicio público, una por diez años en 1996 y otra por ocho en el año 2000.

La condena inicial contra la SFP fue de 11 mil salarios mínimos, unos 800 mil pesos, pero el pasado 5 de noviembre Delgado ganó un amparo en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que ordenó al TFJFA elevar monto a 15 mil salarios, cerca de un millón 100 mil pesos.

La SFP intentó llevar el caso a la Corte, pero su recurso fue desechado el 25 de enero por el presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar.

El caso es un ejemplo de la disfunción del litigio administrativo en México.

En total han sido necesarias 27 sentencias judiciales a lo largo de 18 años para anular las inhabilitaciones y declarar la responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública.

Delgado fue sancionado en 1996 y 2000 con inhabilitaciones para el servicio público por diez y ocho años.