Integrantes de la Marea Rosa interpusieron una denuncia de juicio político contra los diputados y senadores de Morena, PT y PVEM que votaron a favor de la reforma judicial, así como el panista Miguel Ángel Yunes.
En el escrito, firmado por el abogado Alejandro Valenzuela Sosa, se acusa que el bloque oficialista cometió desacato al avanzar en el proceso legislativo a pesar de que existían suspensiones por juicios de amparo que habían sido interpuestos.
“Al ignorar y no acatar dos suspensiones de amparo otorgadas por el Poder Judicial, ha cometido un ataque directo a las instituciones democráticas”, argumenta el documento. “Este desacato por parte de la Cámara de Diputados constituye un ataque directo a la función jurisdiccional y al equilibrio de poderes que es esencial para la democracia”.
De acuerdo con la ley mexicana, legisladores federales pueden ser sometidos a juicio político —así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fiscal de la República, entre otros— cuando se perjudiquen los intereses públicos fundamentales.
Algunos de los ejemplos citados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos son: ataque a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal; violaciones de derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio y más.
El procedimiento establecido, una vez que haya sido presentada la denuncia, es que la Cámara de Diputados reciba el escrito y actúe como órgano instructor y de acusación. Una vez analizado en San Lázaro, se debe turnar al Senado, donde se juzgará con base en los argumentos recabados por los diputados.
En primera instancia, se debe crear una Subcomisión de Examen Previo de la denuncia, conformada por cinco miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, así como los presidentes y un secretario de cada comisión.
Si bien no se ha definido la integración de las distintas comisiones de San Lázaro, el bloque oficialista ocupa las dos terceras partes del Pleno, preside la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los órganos más importantes de la cámara baja.
La legislación también contempla que quienes estén señalados en el juicio podrían excusarse o ser recusados de participar en el tema, por tener un interés personal en el proceso, que en dicho caso los legisladores de Morena, PT, PVEM y Yunes no podrían ser parte del juicio, explicó el mismo abogado Alejandro Valenzuela sobre su recurso.
“Va a ser interesante, desde el punto de vista jurídico y político, qué hará la Subcomisión de Examen Previo y qué hará la Cámara de Diputados, en este respecto”, opinó el promovente.
La abogada Melissa Ayala explicó en entrevista para Animal Político que, frente a este panorama en el que la mayoría de la Cámara de Diputados podría ser recusada, hay un supuesto no previsto.
“Creo que ni siquiera le darían trámite. Evidentemente se señala que cualquier ciudadano puede formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados, pero creo que es un supuesto sumamente complicado el que están intentando, en este caso”, consideró.
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