CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal suspendió el juicio en el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca quedarse con una residencia de Jardines del Pedregal que supuestamente le fue entregada a Héctor Taurino Landa Cabrera, exalto funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como soborno por parte de una empresa facturera.
Proceso informó el pasado 10 de julio que el exfuncionario solicitó al juez Tercero de Distrito en materia de Extinción de Dominio que se le designe un tutor judicial porque afirmó que tiene un transtorno psiquiátrico que le impide comparecer a juicio, pero el juzgador le indicó que dicho impedimento debe ser determinado por un juez en materia familiar.
Por ello, el juez ordenó suspender el litigio en el que la FGR le demandó la extinción de dominio del inmueble valuado en más de 20 millones de pesos hasta que se determine si Landa Cabrera padece o no de sus facultades mentales.
“Se procede a suspender el presente procedimiento por el plazo de un mes, hasta en tanto, el codemandado exhiba las constancias con las que acredite haber realizado las gestiones tendientes respecto a la declaración de incapacidad en la vía de jurisdicción voluntaria ante la autoridad judicial competente, por lo cual se le concede el plazo indicado para acreditar dicha circunstancia. Por consiguiente, en el supuesto de que el codemandado no acredite lo expuesto en líneas precedentes, se continuará con la secuela procesal del presente juicio”, señaló el juez.
En el año 2020 Landa Cabrera fue acusado por la FGR de enriquecimiento ilícito porque en el año 2016 adquirió un departamento en el desarrollo Puerta Alameda Fase 3 en el Centro Histórico de la Ciudad de México por 2.7 millones de pesos y en julio de 2018 recibió mediante una cesión de derechos la casa de Jardines del Pedregal por parte de Arrendadora Franlutti, a cambio de una “prestación de servicios” realizada en 2015.
Esto, a pesar de que en la época era Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT y Arrendadora Franlutti formaba parte de una red de empresas factureras.
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