No puede ser posible que el Ejecutivo del Estado meta las manos a la fiscalía para ordenar o decir lo que se tiene que hacer.
Xalapa, Ver.- Abogados del estado de Veracruz propusieron la reducción del tiempo de la administración de la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz que, actualmente, está en manos de Verónica Hernández Giadáns.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, el período de nueve años que actualmente ocupa la titular de la fiscalía es muy largo, por lo tanto, llamó a legislar al Congreso de Veracruz para que se reduzca el período.
“Yo creo que se tiene que acortar para que no se vaya a dar a lo mejor un vicio o a lo mejor que se tenga la certeza, la seguridad del poder. A lo mejor puede ser menos, puede ser más, pero aquí lo que se tiene que hacer es que se den los resultados, que se demuestre, como se viene haciendo cada año en el Congreso del Estado, donde está manifestando lo que ha resuelto, lo que se ha llevado a cabo en cuanto a su administración”, dijo.
El líder del Colegio de Abogados comentó que la próxima administración de la gobernadora electa Rocío Nahle García deberá respetar la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) si se dan cambios, como se rumoró en los últimos días.
Según Olmos Alfonso, lo importante es que los titulares demuestren los resultados y que cuando comparezcan ante el Poder Legislativo, como lo hacen cada año, se vean avances en la impartición de justicia en la entidad veracruzana.
El representante del Colegio de Abogados calificó como bueno el trabajo de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, sin embargo, lamentó que la intromisión del Poder Ejecutivo haya afectado varios procesos de su administración.
“Es bueno porque hasta ahorita ha demostrado que tiene la capacidad de resolver y llevar a cabo. Si bien es cierto hay una intromisión, que no sea respetar la autonomía, pero desde luego que sí tenemos que vigilar y exigir que se respete esa autonomía. No puede ser posible que el Ejecutivo del Estado mete las manos dentro de la fiscalía para poder tal vez ordenar o tal vez decir lo que se tiene que decir.
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