La reforma del Poder Judicial
·       Que los magistrados y jueces sean nombrados por votación popular
·       En Xalapa uno de los siete foros de consulta
·       Un cambio necesario para restablecer la confianza del pueblo

Por Miguel Ángel Cristiani G.

De acuerdo con lo informado por el senador morenista Ricardo Monreal la ciudad de Xalapa será la sede de uno de los siete foros que a nivel nacional se habrán de realizar para la discusión sobre la llamada reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas propone que los magistrados y jueces sean nombrados por votación popular.

Tres de estos foros se llevarán a cabo en la Ciudad de México, mientras que los otros se organizarán en Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.

Monreal Ávila indicó que “Estamos revisando la realización de foros en las sedes de Circunscripción plurinominal electoral que son 5, más 2 foros, uno de entrada y otro de salida en la Ciudad de México”.

Monreal detalló que, una vez aprobado el exhorto por el Pleno de la Permanente, se iniciarán los foros de discusión. Posteriormente, se prepararán los dictámenes para la reforma y otras propuestas contenidas en el paquete de 20 presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro del tiempo legal.

La reforma del sistema judicial es considerada como un cambio necesario para restablecer la confianza del pueblo.

En los últimos años, el sistema judicial de nuestro país ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Denuncias de corrupción, ineficiencia y falta de independencia han erosionado gravemente la confianza de la población en uno de los pilares fundamentales de la democracia. Ante esta situación, el gobierno ha planteado una ambiciosa reforma del poder judicial, con el objetivo de reconstruir su credibilidad y garantizar un acceso más justo a la justicia.

Los principales problemas que aquejan al sistema judicial son bien conocidos. Casos de corrupción vinculados a sobornos, tráfico de influencias y encubrimiento de delitos han salpicado a jueces, fiscales y otros operadores del sistema. Además, los largos procesos judiciales, los retrasos en los trámites y la falta de transparencia han contribuido al desprestigio de las instituciones.

Aunque también ya se ha dicho que se corre el peligro de que el crimen organizado pueda colocar a los jueces de su predilección para obtener fallos favorables.

Quizás aún más preocupante es la percepción generalizada de que el poder judicial carece de la independencia necesaria para juzgar con imparcialidad, especialmente en casos que involucran a miembros de la clase política o de las élites económicas. Esta situación alimenta la desconfianza y erosiona la credibilidad del sistema.

Para abordar estas problemáticas, se ha presentado un ambicioso plan de reformas que apunta a cinco ejes fundamentales:

Transparencia y rendición de cuentas: Se implementarán mecanismos de mayor control y monitoreo de la actuación de jueces y fiscales, incluyendo la publicación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Independencia judicial: Se fortalecerán los mecanismos de selección, evaluación y remoción de magistrados, con participación ciudadana, para garantizar su idoneidad y autonomía.

Eficiencia procesal: Se impulsarán la digitalización de trámites, la simplificación de procedimientos y la implementación de tecnologías que agilicen los procesos judiciales.
Acceso a la justicia: Se ampliará la cobertura y la calidad de la asistencia legal gratuita, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Lucha contra la corrupción: Se crearán tribunales especializados en delitos de corrupción y se reforzarán las investigaciones y sanciones de estos ilícitos.

La reforma del poder judicial representa un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad histórica para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. Solo a través de cambios profundos y sostenibles podremos contar con un sistema judicial independiente, eficiente y comprometido con la vigencia del Estado de derecho.

La clave será la implementación efectiva de estas medidas, acompañada de un esfuerzo constante por fortalecer la integridad y la transparencia de los operadores judiciales. Solo así podremos avanzar hacia una justicia más accesible, justa y confiable para todos los ciudadanos.

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