Los problemas administrativos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) impactarán en una de las partes fundamentales del proceso electoral: buscar a quienes integrarán las mesas de casilla.
Los miles de capacitadores y supervisores electorales que este viernes inician su labor en campo no tendrán uniformes completos que les permiten identificarse hasta en las zonas más inseguras del país.
Tampoco tendrán teléfonos celulares para cargar la información de los insaculados, situación que dobleteará en tiempo su trabajo y los funcionarios de las Juntas Distritales.
Y si aún no fuera suficiente, también se enfrentarán a las bandas del crimen organizado, que en anteriores procesos los han ‘obligado’ a mediar para que no les impidan trabajar.
Sobre las compras de chamarras, gorras, mochilas, el consejero Martín Faz explicó que si bien el retraso es real, se han tomado diversas medidas como redistribución de prendas y un nuevo contrato para la adquisición de móviles, acciones que implican un gasto no previsto.
«Se están teniendo que asumir algunos costos que no estaban previstos no dobleteando porque no es el costo similar, digamos, es decir el mandar a hacer esas playeras no es un costo equivalente al de las chamarras, pero efectivamente se va a tener que hacer uso de recursos que no se tenían contemplados».
La falta de equipos y datos móviles para los más de 50 mil supervisores y capacitadores sí implica una carga laboral, explicó.
«Va a significar una carga de trabajo extra que va a recaer directamente en nuestras juntas distritales y en supervisores, muy particularmente en supervisores, y esperemos que lo menos posible CAES, porque pues ellos son los que andan en el campo».
Para llegar este punto el INE, a través de sus direcciones retrasó la adquisición de estos productos, por ejemplo las 25 mil chamarras, 27 mil gorras y 27 mil mochilas se licitaron hasta el 29 de diciembre de 2023 y permitiéndoles a las empresas entregar hasta 60 días después. Esta compra fue por 36.5 millones de pesos.
Respeto a los teléfonos celulares, el INE también adjudicó en la misma fecha a Element Telecom para dotar de teléfonos y servicios móviles por un máximo de 171 millones de pesos.
La empresa, a pesar de conocerse que solo tiene una cobertura nacional del 76 por ciento, admitió la semana pasada su incapacidad para proveer sus servicios al INE.
En todo el territorio nacional se desplegarán a 42 mil capacitadores-asistentes electorales y 7 mil 118 supervisores electorales para apoyar a los funcionarios de escrutinio y cómputo del voto.