México, D.F.

De acuerdo con tres empresarios mexicanos, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue sobornado por la empresa Clarion Partners para que la favoreciera en una defraudación, en donde Murillo recibió un departamento como regalo de la compañía estadounidense.

Los vecinos Ángel Leyva Urquia, Ernesto Karam García y Salvador Río de la Loza, los dos primeros de San Antonio Texas y el tercero en Miami, dijeron en una demanda judicial, que fueron defraudados por Clarion en una inversión inmobiliaria en Acapulco, pero que funcionarios de Estados Unidos y de México se confabularon en acciones legales para encarcelarlos y que la estafa de Clarion quedara impune.

Clarion Partners, que se dedica a la inversión en construcciones, intercedió en México ante Jesús Murillo para que actuara en contra de los denunciantes.

«Encontraron la manera de utilizar el poder del dinero para corromper a funcionarios públicos en México y recurrieron a varias actividades criminales como fraude, extorsión, soborno y obstrucción de la justicia para apropiarse ilegalmente de una obra y enriquecerse ellos mismos», afirmaron los tres empresarios en la demanda.

En 2012 y 2013, Leyva y Karam fueron arrestados en México, después de demandar a la empresa por fraude que estimaron en más de 38 mil millones de dólares en la construcción de un hotel en Acapulco.

De esta manera la compañía estadounidense calificó la demanda como una estrategia realizada por los empresarios mexicanos, después de ser incapaces de convencer a los jueces en México de que había sido defraudado por la empresa.

Las acusaciones derivan de un acuerdo en 2007 en México entre los empresarios y Clarion Partners.
Karam, Leyva y Río de la Loza pidieron prestado 19 millones de dólares para desarrollar un hotel en Acapulco y Clarion Partners ofreció 20 millones para ir como coinversionistas en la obra.

Los empresarios mexicanos acusaron que tiempo después, Clarion Partners demandó que su inversión fuera reestructurada como si se tratara de un préstamo.

Finalmente, en 2010 ambas partes comenzaron una batalla legal para quedarse con la propiedad de la construcción.