México, D.F.

En rechazo a la propuesta de Amnistía Internacional (AI), para despenalizar la explotación sexual comercial, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), clausuró simbólicamente las instalaciones de AI.

Defensoras de víctimas de trata de personas y explotación sexual, se manifestaron con una manta de metro y medio de largo, (con imágenes de niñas y adolescentes desaparecidas), y una cartulina con la palabra “clausurado” frente a las instalaciones de AI-México, ubicadas en la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte.

Encabezadas por Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de CATWLAC, las activistas –entre quienes iban familiares de víctimas de trata– protestaron porque durante la Reunión del Consejo Internacional (RCI), que se celebró en Dublín, Irlanda, en agosto pasado, las y los delegados de AI debatieron y aprobaron de manera preliminar la “política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los Derechos Humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual”.

De acuerdo con Ulloa, quien lleva más de 20 años atendiendo a las víctimas de este flagelo, esa política es contraria a la misión de AI de defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a vivir una vida digna y sin violencia, así como a los derechos de las mujeres establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

La activista denunció que esa política –presuntamente impulsada por Estados Unidos y aprobada por países de América Latina, Asia y África– plantea despenalizar totalmente el “comercio sexual”, incluyendo a proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes.

Señaló que si bien está de acuerdo con AI en que las personas en condición de explotación sexual comercial no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción, rechaza la decisión del organismo de despenalizar el sistema de explotación sexual, que está basado en historias de “opresión, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio, naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra las mujeres afrodescendientes, pobres y víctimas de violencia sexual, económica, incesto y marginación”.

La experta informó que 76 por ciento de las mujeres que actualmente están en condición de explotación sexual comercial iniciaron a los 12 años de edad, y muchas de ellas fueron víctimas de violencia sexual desde sus hogares.

“Hasta los 18 años, ellas son consideradas como víctimas (porque son menores de edad), pero cuando cumplen los 18 (luego de vivir años de explotación sexual) ¿ya se convierten automáticamente en trabajadoras?”, cuestionó la también abogada.

CATWLAC también expresó su rechazo al término de “trabajo sexual” que defiende AI, ya que –observó– fue creado por la “industria sexual”, perpetuada por los intereses multimillonarios de las redes del crimen trasnacional organizado y sostenida por los prostituyentes, quienes –en algunos países– también son considerados como “trabajadores sexuales”, por lo que con la política de AI podrían resultar absueltos del delito de comercializar el cuerpo de las mujeres.

Ulloa llamó a que AI se posicione en solidaridad con las personas en situación de explotación sexual comercial, y que consulte con profesionales de la salud e investigadoras que reúnen datos sobre los profundos daños físicos, psicológicos y traumáticos –incluso la muerte– que enfrentan las mujeres en esta condición.