México, D.F.
Ha pasado ya un año, desde aquel momento que quedará marcado en la memoria de los mexicanos, como lo es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; pues hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR), no ha conseguido una sola sentencia de los responsables de esos hechos, y hasta ahora ha ordenado ejercer acción penal (pedir orden de aprehensión), contra 131 personas, de las cuales 111 han sido aprehendidas y enfrentan un proceso.
La detención más reciente fue la de “El Gil”, personaje clave en la masacre de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre los imputados de mayor perfil público que están en prisión y sujetos a proceso por el caso Ayotzinapa destacan José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala; su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, (quien de acuerdo con algunos de los detenidos era una de las líderes del cártel Guerreros Unidos); los capos de esa organización criminal Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”; Sidronio Casarrubias Salgado; así como el ex subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares.
“El Gil”, reconoció que la noche del 26 de septiembre de 2014, las policías de Iguala y Cocula, les entregaron a los normalistas en un paraje conocido como la Loma del Coyote, en los límites de ambos municipios.
Según su declaración, dio la orden de llevar a los estudiantes al basurero de Cocula, para incinerarlos, ya que pensaban que eran miembros de Los Rojos, la banda rival.
Sidronio Casarrubias Salgado, jefe de Guerreros unidos, recibió la madrugada del 27 de septiembre mensajes de texto de El Gil, quien le reportó: “está la fiesta en grande, ya que se habían metido Los Rojos y llevaban varias horas ya peleando, al rato te dejo saber más detalles”.
El Gil sostuvo ante autoridades ministeriales que el ex alcalde José Luis Abarca, y su esposa, sabía que los estudiantes de Ayotzinapa serían asesinados y que sus cuerpos iban a ser incinerados, indicaron las fuentes judiciales consultadas.
El pasado 26 de marzo, la PGR emitió un comunicado de prensa en el que dijo estar a la espera de que un Tribunal Federal, ordene las aprehensiones por el delito de desaparición forzada contra los implicados en el caso Iguala-Ayotzinapa, las cuales fueron negadas en primera instancia por un Juez Federal de Tamaulipas.