Xalapa, Ver.

Ricardo García Guzmán, contralor del Estado, expuso que de los 11 mil millones que debe solventar el estado, como ordenó a Veracruz la Auditoría Superior de la Federación (ASF), resta solventar un promedio de 5 mil millones.

Los 14 servidores que ordenó sancionar la ASF, ya entregaron sus comprobantes y documentos de defensa, viene la etapa de análisis, posteriormente la Contraloría decidirá a quien denunciar penalmente y a quien sólo le corresponden sanciones administrativas.

Hay aparte en estos momentos 18 auditorías enviadas de México al Gobierno de Veracruz al ejercicio de Fondos Federales, y están revisando los auditores federales dicha aplicación en el estado de esos fondos, que están en pleno desarrollo y aún no sabe el Contralor si lograrán solventar éstas nuevas auditorías. Pero son estos auditores federales los que definirán si se logró solventar o no a fin de año.

El contralor defendió a la administración estatal, pues dijo no figura dentro del ranking de las diez entidades más corruptas. “Hay que seguir tomando medidas contra quien ha transgredido la ley”.

Fueron 14 servidores públicos que han fallado a Veracruz derivado de las sanciones que ordena imponer la ASF de la cuenta pública 2013, y la revisión del ejercicio de Fondos Federales, los 14 se presentaron a las audiencias, la etapa que se está pasando es la “de valoración de las pruebas, y debe hacerse un trabajo muy minucioso para ser justos”.

Recordó que las imputaciones de la ASF fueron por el orden de los 11 mil millones. En diciembre se termina el proceso de fiscalización de la federación.

Detalló el contralor que desde su llegada a la Contraloría General del Estado, están abiertos 344 procesos administrativos, han penalizado a 194 servidores públicos, los motivos son diversos, se “dan a lo largo del territorio veracruzano, son sanciones en Salud, la Policía, son los que tienen contacto con la gente, se inicia el proceso administrativo y se concluye con alguna sanción”.

En el caso de los 14 ex funcionarios investigados por instrucciones de la ASF, dijo “se irá a las últimas consecuencias”.

Añadió “si en algún caso amerita alguna denuncia penal, desde luego que lo vamos a hacer”, comentó.

Aún se está en la etapa de la valoración de pruebas que ellos han presentado, algunos han llevado mucha información que debe ser analizada a fondo, y en base a eso se aplicaría la sanción la cual dependerá del comportamiento que hayan tenido y las conclusiones que arroje el procedimiento administrativo, “puede ir desde una amonestación hasta una inhabilitación”.