• El secretario belicoso
• Permiso a Bermúdez para fichar
• Legal, el acoso a disidentes
  

Luis Velázquez

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Como un anillo al dedo cayó el nuevo Código de Procedimientos Penales del país al secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, SPP.

Ya de por sí, y a partir de sus acciones y decisiones para, digamos, garantizar la seguridad en la vida y en los bienes como lo establece la Constitución Política, el general de West Point parece tener adentro al México bronco.

Una pantera en acecho ante los 8 millones de habitantes del territorio jarocho.

Pero más aún: en contra de los ciudadanos contestatarios al llamado sexenio próspero, aquellos que se lanzan a las calles y avenidas y carreteras bloqueando las vías de comunicación, reclamando justicia.

Nadie olvida, por ejemplo, que a través de su diputado local, el priista de todos los tiempos, José Ramón Gutiérrez, también conocido como “El Peperra”; tamnién como “El Joseratón”, lo ha defendido a tiro por viaje ante las manifestaciones.

Tampoco nadie olvida que a través de su otro diputado, el presidente de la Comisión de Tránsito, pretendió imponer la ley Bermúdez para prohibir las marchas.

Pero también que en el nuevo reglamento de tránsito consideraron de igual manera establecer que los organizadores de una protesta popular quedaban obligados a solicitar permiso, mínimo, con seis horas de anticipación ante el titular de la SSP para ver si procedía; de lo contrario, ni hablar, quedaba vetada.

Lo anterior, claro, retrata como un espejo la naturaleza humana y vocación represora del titular de la SPP, quien desde el sexenio de Miguel Alemán Velasco, al lado del subsecretario de Finanzas y Planeación, Sergio Maya, encontró su paraíso terrenal que nunca, jamás, pudo en el Distrito Federal, su ciudad de origen.

Tal cual, el interfecto parece estar más cerca del general Mario Arturo Acosta Chaparro, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes que, digamos, del civilista Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien también pasara por ahí.

Incluso, más cerca del civil Juan Herrera Marín, quien lo fue en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, y tenía una vocación irrefrenable por la violencia desde su paso por la alcaldía cordobesa.

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Por eso, el nuevo Código de Procedimientos Penales le ha caído como traje a la medida, porque en su interpretación asegura que los policías están facultados para filmar a ciudadanos y reporteros en una marcha de inconformidad social (La jornada Veracruz, Norma Trujillo Báez, 3 de septiembre, 2015),  y con lo que se llegaría al extremo del terror y el horror, el miedo y el acoso, la intimidación y la persecución.

Pero, cuidado, el titular de la SSP está interpretando el código de manera errónea, pues, en efecto, tal cual queda permitido a las corporaciones policiacas filmar a ciudadanos, pero siempre y cuando se trate de un operativo donde se ponga en riesgo la vida de un policía.

Digamos, la caza de unos malandros y/o pandilleros, y/o, digamos, la persecución a unos malosos como el caso de la emboscada a policías en la carretera de Papantla a Tihuatlán que dejara, por lo pronto, cuatro policías muertos.

Así, resulta inverosímil pensar, imaginar, visualizar, que en una caminata de familiares de desaparecidos, de estudiantes agraviados, de reporteros exigiendo justicia por el crimen de un colega, activistas sociales inconformes, indígenas de Soledad Atzompa pidiendo el cumplimiento de una obra pública prometida, burócratas pidiendo el pago de su quincena, pensionados molestos con el pago de cheques de hule de la SEFIPLAN, etcétera, la vida de un elemento policiaco sea puesta en peligro.

Según el funcionario, “el nuevo sistema de justicia implica que el policía tiene que ser investigador y lo hacemos conforme a protocolo legal para cumplir con la obligación de cuidar a los ciudadanos” (Ibídem).

Otra cosita, sin embargo, es que ya de por sí, los policías y los llamados “orejas” fichan a los ciudadanos contestatarios, entre quienes se incluyen a uno que otro trabajador de la información.

Y los fichan, y más con una cámara de filmación, con la intencionalidad polisémica de intimidar y llenar el alma de terror, además de que ya de por sí, un policía, con su tolete y macana, sus lentes negros y bigotito, y el uniforme y la patrulla puede llevar a un fulminante síncope cardiaco.

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Hay, pues, un vaso comunicante en la política de seguridad.

La ley Ampudia, estableciendo cinco años de cárcel a quienes bloqueen las vías de comunicación, nacida a partir de la experiencia con “El oaxaco”, quien luego de bloquear con sus huestes campesinas el sur de Veracruz desapareció en las goteras de la ciudad de Xalapa, después de una audiencia con el secretario General de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.

La ley de los tuiteros, creada luego de la locura cardiaca de un par de tuiteros que anunciaron el secuestro masivo de niños en las escuelas primarias y que, bueno, terminaron en el penal de Pacho Viejo, además de que el gobierno de Veracruz contratara al ex juez internacional, Baltasar Garzón, para avalar dicha ley.

La ley Bermúdez, interpuesta en la LXIII Legislatura por el diputado Adolfo Jesús Ramírez Arano con el único objetivo de criminalizar la protesta social a gusto del titular de la SSP.

El nuevo reglamento de Tránsito, donde además de las elevadas multas, de igual manera sataniza las manifestaciones.

Y, bueno, con el nuevo sistema penal acusatorio, tanto agentes de tránsito como policías y la Fuerza Civil “tomarán fotografías y video a reporteros que den cobertura a manifestaciones así como a ciudadanos que participen” (Norma Trujillo).

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He ahí, pues, una nueva versión del “pórtense bien”, como si estuviéramos en un frente bélico.

De hecho y derecho un Estado de Sitio que alguien por ahí también ha definido como un Estado Policiaco.

De acuerdo con la ciencia política, cuando la elite gobernante resulta incapaz de convencer a través del diálogo, la crítica y la autocrítica, los hechos y los resultados, elementos básicos de un espíritu democrático, entonces, el lenguaje de la fuerza pública adquiere su más alto significado.

En el fondo sólo puede explicarse a partir de la peligrosa, peligrosísima belicosidad del secretario de Seguridad Pública, lleno, por desgracia, de una gran carga de resentimiento social contra el mundo que lo lleva a mirar a los ciudadanos, a los contribuyentes, a la población electoral como los peores enemigos.

Una de sus frases bíblicas es contundente: “¡Pinches medios!”.

Otra, también, expresada al fotógrafo Félix Márquez, luego de tomar las gráficas de los guardias comunitarios de los llanos de Sotavento:

“Tú debes estar en la cárcel”.

Sin olvidar, claro, la desaparición forzada del cantante Gibrán, La Voz México, de Televisa, decretada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.