JOSE LIMA COBOS*

          Algún día tenía que reventar la situación que impera en el poder judicial de la federación, cuya opacidad ha sido solapada y tolerada por el estado mexicano y sobre todo por la auditoria superior de la federación cuya función es  de fiscalización  conforme a los principios de legalidad, definitivitad , imparcialidad y confiabilidad, pues se creó  en la constitución política que rige al país, una sección especial para ese propósito, pero sin resultados efectivos en la vida nacional, porque la corrupción e impunidad, en lugar de disminuir, han ido en aumento exponencial, lo que se desprende  de las declaraciones vertidas por el  presidente de coordinación política del senado de la República, Ricardo Monreal.

Tal parece que después de 1994 en que el presidente Zedillo desapareció la suprema Corte de Justicia para reducirla de 21 ministros,  a solo once, para que realizar funciones de  órgano de constitucionalidad, en la práctica ,ha sido un fracaso, porque hasta la fecha los organismos internacionales – Corte interamericana de derechos Humanos (0EA) y comisión de Derechos Humanos de la ONU- han dictado resoluciones jurídicas que han condenado al Estado Mexicano, al no observarse los principios rectores  que fijan esos organismos internacionales y que México se ha comprometido a respetar.

Las sentencias de esos organismos contra el  país,-caso Rosendo Radilla, Algodonero, Castañeda, etcétera-  han puesto en evidencia a los organismos jurisdiccionales internos – tanto estatales como nacionales- pero esencialmente a la Suprema Corte  de Justicia que, como última instancia, no ha observados los principios rectores en cuanto a los derechos de las personas que son irrenunciables y que no se han protegido, como es su obligación constitucional, es decir, han dado tumbos que no hablan bien de la impartición de la justicia, lo que alienta la corrupción  e impunidad, en síntesis, los santones de la justicia, han fracasado.

Sin embargo, con el cambio tan profundo que  generaron las elecciones del 1 de julio que es una condena clara a todo  la ignominia del pasado, comenzará a producirse en el país, tan pronto como asuma  la  presidencia  de la república Andrés Manuel López Obrador, – mismos que ya se empiezan a sentir-, cuando vemos que la cámara de diputados y de senadores  del congreso de la Unión han demostrado que llegaran a fondo y que las leyes, serán objeto  de una escrupulosa observación y sobre todo de aplicación estricta, constituyendo un alto a tan ignominia.

             Sin duda alguna que la tarea no es fácil y ya se verá si el presidente Peña Nieto promulga la ley  de remuneraciones de los servidores públicos para que entre en vigor de inmediato, pues  de tajo, además de retirar todos los  privilegios habido y por haber, ordena reducir los sueldos a nivel del jefe del ejecutivo federal y obviamente  hay un profundo malestar en quienes, de por siempre, han vivido en la abundancia de los recursos que deben  servir  a todos y que ahora son para unos cuantos.

           El hecho de que el senador Monreal hable de acabar con el nepotismo y la red de familiares  que se han apoderado del Poder Judicial de la Federación al ubicarla como un coto, abre una rendija para que se profundice  en el aparato  de la impartición de la justicia , porque demuestra que existe un sistema cerrado y nula apertura en la rendición de cuentas, pues se habla que se reciben apoyos económicos, entre otros – además de los descomunales sueldos que no tiene ningún juez del mundo- consistentes en treinta mil pesos mensuales  para comida  y veinticinco mil pesos para gasolina, amén de carros, celulares,  ayudantes y choferes, esto es, el derecho a una abundancia que raya en  el asombro más espantoso.

Una situación así en el máximo organismo de impartición de la justicia, no aporta imparcialidad  e independencia  en sus resoluciones,  pues  alienta  y estimula el contubernio pues ya se observó  con el ejecutivo federal,  en el caso de la compañía de luz y fuerza del centro en que, una resolución de un colegiado, que había causado estado y era inatacable, lo atrajo la Corte y  de un plumazo,  echaron a la calle a más de cuarenta mil trabajadores, lo que es imperdonable, ello, junto a otros casos que sería prolijo enumerar, pero que el senado debe documentar para que la nación entera tome conciencia de los momentos críticos que se vivirán por las resistencias incuestionables a los privilegios que se niegan a morir, para  nazca una nueva nación.

        Si ha nacido un gobierno de esperanza, el tiempo dirá si se tuvo la dignidad responsable al reclamo de más de cincuenta y tres millones de miserables que deambulan  y  que  tienen “hambre y sed  de justicia”. El reto no es fácil, sin embargo, tendrá que enfrentarse con energía, de otra suerte,  el cáncer que ahoga al país nos hundirá para siempre.

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