Muna Dora Buchahin, jefa de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, considerada una pieza clave en las más relevantes investigaciones de corrupción del actual sexenio, denunció que fue despedida y que su vida corre peligro.
De acuerdo con publicación del diario La Crónica y los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret, la funcionaria federal señaló que estaba en peligro su integridad, en una carta dirigida a su actual titular, David Rogelio Colmenares Páramo.
Informó que fue Gerardo Lozano Durbernard, auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF), quien le informó el pasado 23 de mayo que debía separarse del cargo a más tardar el 31 de mayo.
A continuación la carta íntegra:
“Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes por las siguientes razones:
“1- Durante mis 13 años ininterrumpidos en labores de auditoría y fiscalización dentro de esta institución, me he conducido con pulcritud absoluta y, a pesar de que el AECF y usted mismo expresaron su reconocimiento a los resultados altamente relevantes de las auditorías a mi cargo -investigaciones premiadas incluso a nivel internacional-, al preguntar por las razones de mi separación, no hubo ninguna mas que la obediencia a la ya mencionada instrucción superior. Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura.
“2. Actualmente están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017.
“3. Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general –área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías-, a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditoría desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de SEDESOL, SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones.
“Es por todo lo anterior que, conforme a mi derecho y ante la relevancia del caso, solicito saber con precisión sus razones para separarme del cargo y de igual manera dejar claro la vulnerabilidad de mi persona al haber encabezado las investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad.
“Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad.
