El pasado 15 de mayo, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), presentó una nueva denuncia penal contra ex funcionarios duartistas, entre ellos Harry Grappa y Ramón Ferrari Pardiño, responsables de los fideicomisos del parque Takhil Sukut y del Fidrever.

En el portal del Orfis se informó que se inició la querella por el presunto desvío de 4 millones 500 mil pesos de los fideicomisos que se controlaban desde la Sectur y la Sedarpa.

La primera denuncia, contra quien o quienes resulten responsables, está relacionada con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, correspondientes a la observación FP-120/2016/002 DAÑ, en la que se determinó un probable daño patrimonial del orden de los 2 millones 162 mil 200 pesos el fideicomiso del parque Takhil Sukut.

Se ordenó el pago de más de 2 millones de pesos y extraviaron los comprobantes de pago enviadas a la Fiduciaria por el Secretario Técnico del Fideicomiso, pagadas en el mes de febrero de 2016, sin que exista la justificación y autorización correspondiente por el Comité Técnico en el ejercicio 2016, debido a que dichos pagos corresponden al 2015.

En el caso del Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), en la observación número: FP-116/2016/008 DAÑ, se determinó un probable daño patrimonial del orden de los 2 millones 428 mil 977 pesos.

En ese caso se detectaron las cuentas bancarias número 4029172855 de HSBC México, S.A. y 65-50497967-7 de Banco Santander (México), S.A., con cargos durante el ejercicio 2016 por 848 Mil 324 Pesos y 1 Millón 580 Mil 652 Pesos, respectivamente; sin embargo, dichos movimientos no se encuentran incluidos en los libros de diario de la fiduciaria; asimismo, las cuentas bancarias no se reflejan en la contabilidad y Estados Financieros.

Tales denuncias se formularon como parte de la Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2016, y resueltos los correspondientes recursos de reconsideración interpuestos en contra de las resoluciones definitivas correspondientes, subsistiendo los montos de daño patrimonial de referencia.

Según datos de la página del Orfis, se habían presentado 16 denuncias por el presunto desvío de 5 mil 501 millones 793 mil 82 pesos.