Xalapa, Ver.

Nunca antes se había mostrado una pronunciada propensión a la deuda pública, nunca se había desarrollado una política de endeudamiento tan insano financieramente, tan insensato económicamente, tan moralmente irresponsable y tan socialmente reprobable.

Es por ello que el actual gobierno pasará a la historia como el que más ha endeudado al estado de Veracruz.

Durante los cinco años de su gestión, el gobernador ha contratado 23 créditos por un monto de 39,798 millones de pesos (mdp) (más lo que se acumule este y el próximo año). Esta cantidad equivale a más del doble de deuda contraída por el gobierno de Fidel Herrera que fue de 17,971 mdp; es también nueve veces superior a la “escandalosa” deuda que dejara Miguel Alemán por 3,505 mdp e inmensamente superior al desendeudamiento que logró Patricio Chirinos durante su gestión el cual dejó sin deudas al estado.

La frenética dinámica del endeudamiento estatal es resultado de la cada vez más dramática escasez de recursos que el gobierno actual ha tenido desde muy al principio de su gestión para cumplir con sus compromisos financieros.

En total en tan sólo cinco años se han contratado 19 créditos con la banca comercial por un monto total de 35,6334 mdp y tres emisiones de certificados bursátiles colocadas en la Bolsa de Valores por monto de 4,165 mdp lo que hace un total de 39,798 mdp.

Es importante destacar que el gobierno del estado ha señalado como destino de tres de estos créditos el “Refinanciamiento” es decir, pago de deuda ya existente. Estos tres créditos suman un total de 9,600 millones de pesos y deben ser considerados “inconstitucionales” pues fueron contratados contraviniendo la constitución federal (artículo 117º) y la constitución estatal (artículo 73º) que establecen que sólo puede contratarse deuda pública para destinarla a la inversión pública. Es decir, el 24% de los pasivos contratados por el gobierno actual se obtuvieron de manera ilegal.

Asimismo hay que considerar que otros 19 de estos créditos fueron etiquetados para ser utilizados para “Inversión pública productiva”, lo cual significa que debieron destinarse para realizar obra pública, sin embargo esto resulta altamente cuestionable.

La pregunta que cabe aquí es: ¿en qué se utilizó ese dinero que equivale a un total de 17,641 mdp? ¿Si no se usó para realizar inversión pública, es decir, obra, cuál fue su destino? ¿Por qué Orfis al revisar las cuentas públicas de los últimos cuatro años no hizo ninguna observación al respecto, siendo tan simple el cálculo aritmético que hay que hacer para darse cuenta que la cantidad aplicada a obra pública es menor que la que se solicitó para dicho fin;  dicho de otro modo que la cantidad de recursos que el gobierno estatal recibió por la contratación de los créditos para realizar obra pública es mayor a la que efectivamente gastó para ese fin? ¿Por qué los diputados no dijeron, ni han dicho nada sobre este tema? ¿No saben hacer sumas y restas nuestros legisladores? ¿O no revisan la Cuenta Pública, es decir, no revisan lo que aprueban?

La deuda pública de Veracruz requiere una urgente y profunda auditoría para contestar estas y otras preguntas para las que los veracruzanos exigimos respuestas.