Xalapa, Ver.
Es importante hacer modificaciones en diferentes leyes, para garantizar que todos los servidores públicos que hacen mal uso de los recursos, sean castigados, con prontitud, así lo expresó el diputado local Julen Rementería del Puerto.
Reprochó que un claro ejemplo de la impunidad, sea del Gobierno de Veracruz, que todavía no puede aclarar, solventar, ni castigar a funcionarios involucrados en desvíos de recursos cometidos en el 2009.
Mencionó que la Auditoría Superior de la Federación recientemente confirmó la existencia de denuncias contra funcionarios del Gobierno de Veracruz por no haber solventado diversas irregularidades desde el año 2009 hasta el 2013 y hasta la actualidad ningún servidor público ha sido sancionado.
Esto ocurre con recursos federales, pero de igual modo ocurre en el ámbito estatal, donde el Órgano de Fiscalización Superior y la Fiscalía General del Estado no puede determinar responsabilidades contra ex funcionarios involucrados en delitos como peculado.
Ante estos hechos, el legislador local panista, anunció que presentará un paquete de reformas a los Código Financiero y Hacendario Municipal y a las Leyes Orgánicas del Poder Legislativo y del Municipio Libre, además como diferentes modificaciones a la Ley de Fiscalización, que pretenden reducir los tiempos de fiscalización.
Estas reformas responden a propuestas emanadas del Grupo Legislativo de Acción Nacional en busca de combatir la corrupción en todos sus niveles, puntualizó el congresista.
Julen Rementaría del Puerto manifestó que las sanciones a servidores públicos que hayan incurrido en señalamientos por desvío de recursos, es uno de los puntos coyunturales de las modificaciones, de aprobarse, quedarían inhabilitados para ocupar otro cargo público en tanto no se aclare la responsabilidad, detalló el legislador.
La finalidad es evitar el reciclaje de funcionarios, de modo que los servidores públicos no transiten de un puesto público a otro sin que haya la correcta fiscalización del ejercicio realizado, expresó el diputado.
Es materia de la reforma definir las atribuciones del Orfis, la Comisión de Vigilancia y la Secretaría de Fiscalización del Congreso, y a partir de ello establecer responsabilidades en caso de ser incumplidas, señaló.