Chihuahua.- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, informó que presentó una denuncia formal ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para solicitar la cancelación del registro obligatorio de teléfonos celulares, al considerar que esta medida vulnera el derecho a la privacidad de los usuarios.
De acuerdo con información publicada por El Heraldo de Chihuahua, el legislador argumentó que el mecanismo contempla la vinculación de las líneas telefónicas con información personal de los ciudadanos, lo que, aseguró, se realizaría sin el consentimiento expreso de los titulares de los servicios de telefonía móvil.
Francisco Sánchez afirmó que el registro permitiría asociar datos personales con las líneas telefónicas, lo que, desde su perspectiva, ampliaría la capacidad de recopilación de información por parte de las autoridades. En ese sentido, cuestionó que las empresas de telecomunicaciones participen en dicho proceso de registro.
El diputado sostuvo que la concentración de información personal en plataformas gubernamentales representa riesgos para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, particularmente por los antecedentes de filtraciones y accesos no autorizados a bases de datos de diversas dependencias públicas.
Asimismo, señaló que antes de implementar nuevos mecanismos de recopilación de datos personales, las autoridades deben garantizar la protección de la información que ya se encuentra bajo resguardo de instituciones gubernamentales.
Durante su posicionamiento, Sánchez Villegas manifestó que existen antecedentes de exposición de bases de datos oficiales, por lo que consideró necesario fortalecer primero los mecanismos de seguridad informática antes de ampliar los registros de información personal.
El legislador indicó que la denuncia presentada busca que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones revise la legalidad y los alcances del registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, así como que suspenda cualquier acción relacionada con su implementación mientras se realiza dicho análisis.
Además de la denuncia formal, adelantó que impulsará otras acciones jurídicas con el propósito de impedir que el esquema de registro obligatorio entre en vigor, al considerar que puede afectar derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.
El registro obligatorio de líneas telefónicas ha generado diversas posturas entre actores políticos y especialistas en materia de protección de datos, quienes han planteado debates sobre el equilibrio entre las estrategias de seguridad pública y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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