MCCI.-El dinero ilegal en las campañas políticas es el problema principal del sistema electoral mexicano. El caso de Diego Rivera Navarro —exalcalde de MORENA en Tequila, Jalisco, detenido recientemente bajo acusaciones de delincuencia organizada y sus probables vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, es un ejemplo perfecto de los vicios, vacíos y simulaciones en el modelo actual de fiscalización, mismos que la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum no atiende.

De acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), la campaña de Diego Rivera en 2024 para la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, tuvo un costo total de 158 mil 484 pesos. Este gasto fue incluso austero: de los 242 mil pesos que era posible gastar en ese municipio, Diego Rivera reportó haberse limitado a usar solo 65% del tope de gastos de campaña. ¿Son creíbles estas cifras? De ninguna manera.

En la investigación que hicimos para el libro Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, mostramos que el gasto real de los candidatos era, en promedio, 15 veces más que los montos reportados oficialmente en las elecciones de 2018. Siguiendo ese hallazgo, la campaña de Diego Rivera pudo haber costado, cuando menos, 2.3 millones de pesos. Y ese cálculo puede que se haya quedado corto.

Sabemos que hubo más dinero que los 158 mil pesos reportados porque hay un señalamiento oficial de que hubo financiamiento ilegal en esa elección. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el CJNG financió parte de la campaña de 2024 y también participó en el secuestro de dos candidatos de Morena que fueron obligados a renunciar para dejarle cancha libre a Diego Rivera en las elecciones de 2021.

¿Cuánto dinero dio el crimen organizado? Es incierto, pero podemos imaginar que al menos varias veces más de lo reportado al contrastar con los “beneficios” en esa plaza electoral: múltiples denuncias públicas muestran que la extorsión y cobro de piso que encabezaba Diego Rivera generaba ingresos por hasta 7 millones de pesos cada mes. Igualmente, diversos actores locales han denunciado un acuerdo para entregar 40 millones de pesos del presupuesto municipal al CJNG. Si esta última cifra fuera una aproximación de lo que “invirtieron” los criminales en esa elección, estamos hablando de un gasto 252 veces superior a lo reportado por el candidato, mucho más que nuestra estimación inicial.

Ingresos y gastos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024.

Si bien no tenemos certeza de cuánto dinero dio el crimen organizado, sí sabemos que quedaron completamente fuera de los registros públicos. Por ley, cada peso de ingreso o gasto de campaña que no se reporta a las autoridades es dinero ilegal. Sería ingenuo pensar que los candidatos van a reportar todo el dinero que les dan empresarios o criminales por debajo de la mesa, pero justamente los problemas del modelo de fiscalización se encuentran en lo irreal e intrascendente de que los candidatos reporten información que solo está diseñada para cuadrar las cuentas y simular el cumplimiento de sus obligaciones.

En el reporte de contabilidad de la campaña de Diego Rivera, sus ingresos declarados provienen únicamente de tres fuentes: 22 mil pesos que el candidato puso de su propia bolsa, 92 mil que vinieron de las cuentas concentradoras de los partidos de la coalición y 43 mil pesos más de aportaciones de personas físicas.

Ingresos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024

Si bien no tenemos certeza de cuánto dinero dio el crimen organizado, sí sabemos que quedaron completamente fuera de los registros públicos. Por ley, cada peso de ingreso o gasto de campaña que no se reporta a las autoridades es dinero ilegal. Sería ingenuo pensar que los candidatos van a reportar todo el dinero que les dan empresarios o criminales por debajo de la mesa, pero justamente los problemas del modelo de fiscalización se encuentran en lo irreal e intrascendente de que los candidatos reporten información que solo está diseñada para cuadrar las cuentas y simular el cumplimiento de sus obligaciones.

En el reporte de contabilidad de la campaña de Diego Rivera, sus ingresos declarados provienen únicamente de tres fuentes: 22 mil pesos que el candidato puso de su propia bolsa, 92 mil que vinieron de las cuentas concentradoras de los partidos de la coalición y 43 mil pesos más de aportaciones de personas físicas.

Ingresos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024

El día de la elección, hubo testimonios de que en el municipio de Tequila se estaban pagando 500 pesos por voto en favor del candidato. Quienes intentaron grabar los episodios incluso fueron golpeados. Con los 158 mil pesos de gasto que reportó Diego Rivera, hubiera sido posible pagar únicamente 316 votos. La coalición “Sigamos Haciendo Historia” obtuvo 7,490 sufragios en esa contienda municipal. Este gasto no fue reportado, naturalmente, pero da muestra de las dimensiones que pudo adquirir el financiamiento ilegal real alrededor de esa elección.

Y a pesar de que la contabilidad presentada por Diego Rivera ya escondía los gastos ilegales no reportados, que la información ahí presentada no hubiera levantado sospechas también es un indicador de las fallas en el sistema de fiscalización. De acuerdo con su reporte, el rubro principal de gasto fue la propaganda (donde se incluyen gastos como pinta de bardas, volantes, pendones, pancartas y demás), el gasto operativo (donde la mayor parte son los 43 mil pesos del único vehículo que supuestamente se usó en la campaña) y el gasto en propaganda utilitaria (playeras, mochilas, gorras, etc.).

Gastos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024.

La gran mayoría de estos gastos fueron cubiertos por los partidos de la coalición (MORENA, PT, PVEM, Hagamos y Futuro) y solo se reportó que el candidato celebró un contrato de 68 mil 440 pesos para propaganda y la compra de artículos utilitarios con la empresa Marketing Global Jolidyn.

Esta compañía, creada en mayo de 2021, aparece en el Padrón de Contratistas del municipio de Juanacatlán, Jalisco (de donde Diego Rivera Navarro fue funcionario público con anterioridad), en los años 2022 y 2023. En la constitución de Marketing Global Jolidyn se identifica el nombramiento de Sandra Nohely Álvarez Sánchez como Gerente Administrativo. Esto es significativo porque esa misma persona fue señalada desde 2023 por El Diario NTR Guadalajara y Pie de Página por formar parte de la “Red Peña”, un grupo de empresas vinculadas a José Rigoberto Peña Rubio, exdirector general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el municipio de El Salto, Jalisco, y que recibieron 61 contratos por 109 millones de pesos. Juanacatlán y El Salto son municipios vecinos.

Los señalamientos de los vínculos de Diego Rivera Navarro con el crimen organizado vienen, cuando menos, desde el secuestro de sus compañeros y rivales de partido desde 2021. A pesar de ello, el candidato fue respaldado públicamente por la propia Claudia Sheinbaum en un mensaje promocional. Igualmente, los reportes presentados mostraron un nivel de gasto muy distante de la realidad, que nunca fue cuestionado ni investigado por las autoridades.

El modelo actual de fiscalización electoral se ha concentrado casi exclusivamente en verificar que los candidatos no rebasen los topes de gasto de campaña y en revisar la información contable que ellos mismos presentan. El problema es que ese sistema parte de una ficción: que los candidatos reportan de buena fe todos sus ingresos y gastos. En la práctica, esto ha convertido la fiscalización en un ejercicio contable diseñado para cuadrar números, no para descubrir el dinero que deliberadamente se oculta.

Tampoco nos ha importado mucho la opacidad de la información electoral, pues como reportamos la semana pasada, Morena también fue omisa con 3 de las 4 obligaciones de transparencia que debió haber cumplido en la candidatura de Diego Rivera. En la Plataforma Nacional de Transparencia no es posible encontrar toda la documentación que podría ayudarnos a desentrañar cómo es posible que un candidato asociado con el crimen organizado pudiera llegar a la boleta sin ningún problema. La simulación en el cumplimiento de la ley, sin consecuencias para los que lo hacen, es lo que ha permitido que el problema del financiamiento ilegal y la penetración del crimen organizado avance.

La Constitución establece que una elección puede anularse si se rebasa el tope de gasto de campaña en más de 5%. Por eso prácticamente ningún candidato reporta cifras cercanas al límite. Pero el mismo artículo 41 también señala otra causal de nulidad mucho más relevante: el uso de recursos de procedencia ilícita. A pesar de ello, el sistema electoral mexicano sigue sin construir mecanismos reales para detectar ese dinero ilegal.

La reforma electoral propuesta por el gobierno tampoco aborda este problema de fondo, pues se limita a agregar un párrafo para explicitar que “queda prohibido […] financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”, lo cual solo es una reiteración de algo que ya está estipulado en la ley y sin mecanismos reales de vigilancia, implementación o sanción. El caso de Tequila muestra con claridad por qué la fiscalización y las consecuencias del dinero ilícito en las elecciones debería ser el centro de discusión de una reforma que de verdad quiera romper el vínculo entre el crimen organizado y la política, antes que pensar en alterar el sistema político mexicano con una reforma del poder para el poder.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/la-austera-campana-electoral-de-158-mil-pesos-de-diego-rivera-en-tequila-jalisco/

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