Ante las recientes acusaciones y la creciente preocupación pública sobre la operación de un supuesto «Cartel Inmobiliario» en Veracruz, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que se ha puesto en marcha un proceso de revisión exhaustiva a todas las notarías del estado. El objetivo es detectar cualquier anomalía en los registros y actos notariales, asegurando la legalidad y la transparencia en la fe pública para proteger el patrimonio de los ciudadanos.
¿Cartel inmobiliario en Veracruz?
El funcionario estatal detalló que las acciones correctivas ya han comenzado, resultando en el retiro de una patente notarial y el emplazamiento a otras notarías para que regularicen sus temas administrativos en un plazo perentorio de dos meses. Asimismo, fue enfático al asegurar que no existe un «cartel inmobiliario» bajo una estructura criminal única, sino grupos de defraudadores que han operado durante años, a los cuales, aseguró, ya se les ha «parado en seco» mediante estas intervenciones.
No obstante, reconoció la complejidad y profundidad del problema al señalar que es necesario poner orden no solo en los actores notariales, sino también entre servidores públicos y miembros del Poder Judicial, admitiendo que las irregularidades funcionan como una red de complicidades.
«En este proceso tenemos que poner orden… empiezan las rutinas de revisión de todas las notarías de Veracruz, una por una», indicó el secretario.
Para llevar a cabo esta tarea con total legitimidad, Ahued Bardahuil afirmó contar con el respaldo y la aprobación del Colegio de Notarios del Estado, lo que permitirá actuar con firmeza ante cualquier registro indebido. Añadió que la Secretaría de Gobierno atenderá cualquier denuncia o sospecha de actos irregulares, ejerciendo sus facultades legales para supervisar el funcionamiento notarial, independientemente de las vías que se sigan en los órganos judiciales.
El encargado de la política interna expresó que es un momento oportuno para destapar este escándalo y enviar una advertencia clara a los infractores para que desistan de sus prácticas. Recalcó que la administración de Rocío Nahle no permitirá «este tipo de tonterías», instruyendo poner orden definitivo en el sector y garantizar que los procesos se apeguen estrictamente a la ley, sin tolerancia a la corrupción.
La supervisión anunciada será minuciosa, abarcando la revisión de libros, validación de procesos administrativos y verificación de que todos los registros se encuentren en regla. Se pondrá especial atención en evitar la existencia de convenios indebidos que pudieran vulnerar el marco legal, cumpliendo así con la directriz de la mandataria estatal de sanear el gremio y restablecer la confianza en las instituciones.
Respecto a los señalamientos realizados por el litigante Jorge Reyes Peralta, quien acusó a la Secretaría de Gobierno de haber hecho caso omiso a las denuncias sobre el llamado «Cartel Inmobiliario» en la capital, Ahued se limitó a aclarar la temporalidad de los hechos. Precisó que los delitos y omisiones denunciados se cometieron antes de que él asumiera su cargo actual y antes del inicio de la presente administración estatal.
Reyes Peralta denunció la falta de restricciones en Xalapa pese a las diversas querellas penales, citando el caso del despojo de un terreno propiedad de una empresa en la zona de Arco Sur, valorado en 200 millones de pesos y que fue acreditado irregularmente a terceros por un precio menor. Ante esto, Ahued concluyó:
«A lo que se refería el litigante Peralta… eso ni era yo secretario de gobierno ni la gobernadora era gobernadora del estado. Nosotros estamos actuando».
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