Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que cinco criminales de alto riesgo procedentes de centros penitenciarios de Michoacán fueron reubicadas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, localizado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz, a menos de una hora de la ciudad de Xalapa.
El anuncio fue realizado este domingo 14 de diciembre, durante el informe de las acciones más recientes en materia de seguridad a nivel nacional.
De acuerdo con el funcionario federal, el traslado forma parte de un operativo más amplio que incluyó el movimiento de 25 internos desde cárceles estatales de Michoacán hacia penales federales ubicados en cuatro entidades del país.
Operativo nacional y el Cefereso Villa Aldama como destino
García Harfuch explicó que estas acciones se enmarcan en el denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo es reforzar el control y la seguridad dentro del sistema penitenciario estatal, así como reducir los riesgos asociados a la operación de grupos delictivos desde el interior de los centros de reclusión.
Según la información oficial presentada durante la conferencia del Gabinete Nacional de Seguridad, los internos fueron trasladados por vía aérea a distintos Centros Federales de Readaptación Social, distribuidos estratégicamente en varias regiones del país.
La distribución de los traslados quedó de la siguiente manera: cinco personas fueron enviadas al Cefereso número 5 en Veracruz; otras cinco al Cefereso número 18 en Coahuila; cinco más al Cefereso número 4 en Nayarit; mientras que diez internos fueron canalizados al Cefereso número 14, ubicado en Durango.
El operativo contó con un amplio despliegue de seguridad, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario. En total, 225 efectivos fueron asignados para garantizar el resguardo, custodia y traslado seguro de los internos.
El perfil de los presos de alto riesgo
Durante su informe, el titular de la SSPC explicó que los internos seleccionados presentaban perfiles de alto riesgo, ya que mantenían conductas de liderazgo negativo, promovían desórdenes dentro de los penales, conservaban vínculos delictivos activos y contaban con recursos económicos suficientes para corromper a personal penitenciario.
Estas condiciones, advirtió García Harfuch, representaban una amenaza directa para la gobernabilidad de los centros penitenciarios estatales, al incrementar la posibilidad de reagrupamientos criminales, conflictos internos, motines y actos de presión colectiva.
Ante este escenario, señaló que se implementó un esquema de seguridad reforzado que incluyó vigilancia permanente, escoltas terrestres y protección perimetral por parte de la Guardia Nacional, así como apoyo aéreo proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Finalmente, el funcionario subrayó que estos traslados buscan debilitar la operación de estructuras criminales al interior de los penales estatales y fortalecer el control del Estado sobre el sistema penitenciario, como parte de una estrategia integral de seguridad y justicia.
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