México.-En los últimos días se ha hablado mucho de la reforma a la Ley de Amparo y de la reserva que presenté en el Senado. Algunos han querido interpretarla mal o usarla para generar polémica. Por eso quiero explicarle al pueblo con toda claridad qué propuse, por qué lo hice y qué busca realmente esta modificación.
La reserva que presenté no quita derechos, no cambia juicios pasados ni afecta a nadie que tenga un proceso en curso. Lo que hace es ordenar la aplicación de la nueva ley para que los juicios que ya están abiertos sigan su curso con reglas claras y actualizadas, sin violar el principio constitucional que prohíbe la retroactividad de la ley.
¿Qué significa esto en palabras sencillas? Significa que nadie va a perder un derecho ganado. Si alguien promovió un amparo con base en la ley anterior, su caso seguirá bajo esas mismas reglas. Pero si hay audiencias, notificaciones o trámites que todavía no se han hecho, entonces esos pasos pueden seguir las nuevas normas, que son más claras, más modernas y evitan el abuso.
Para que se entienda mejor, imaginen tres casos muy comunes:
1. Un amparo en materia fiscal. Antes, una empresa podía interponer amparos una y otra vez para retrasar durante años el pago de impuestos. Con la reforma, los juicios en curso seguirán, pero ya no podrán usar el amparo como herramienta para evadir el cumplimiento de una sentencia firme. La justicia no se cancela, se acelera.
2. Un amparo en materia ambiental. Si una comunidad interpuso un amparo por contaminación de su río, el proceso continuará sin cambio alguno. Lo que sí cambia es que ahora habrá plazos más definidos y juicios digitales, lo que hará más rápido el acceso a la justicia.
3. Un amparo por violaciones de derechos humanos. Estos casos seguirán siendo prioridad. La reserva garantiza que nadie quede sin defensa y que los juicios en curso se resuelvan con las mismas garantías de siempre, pero con un procedimiento más ágil y transparente.
En todos los casos, la clave es la misma: se aplica la nueva ley sin afectar derechos adquiridos.
Los artículos reformados se aplican de forma prospectiva, es decir, hacia adelante, y no tocan situaciones pasadas. Además, como lo señala la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes procesales —como la del amparo— pueden aplicarse a los actos futuros sin violar derechos, siempre que no cambien el resultado de lo que ya se resolvió.
Esto no lo digo yo. Lo dice la propia Ley de Amparo en su artículo 217, que establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados es obligatoria para todas las autoridades judiciales. En pocas palabras: lo que hoy se aprobó como ley ya existía como criterio obligatorio, solo que ahora está escrito con toda claridad para evitar abusos y confusiones.
Por eso no hay retroactividad ni violación de la Constitución. Lo que hay es una ley más fuerte, más moderna y más justa.
Es importante dejar claro que no actué solo. Esta reserva, como todas las decisiones que tomamos, forma parte del trabajo conjunto de un grupo parlamentario comprometido con la justicia, con el pueblo y con el proyecto de transformación del país. Aquí no hay protagonismos personales ni ocurrencias individuales; hay un esfuerzo colectivo para legislar con responsabilidad y coherencia, siempre con base en el mandato popular que nos confió la tarea de cambiar el sistema y devolverle a la justicia su sentido humano y social.
Este cambio tiene un espíritu muy claro: proteger el derecho del pueblo a una justicia efectiva y terminar con el uso del amparo como escudo de los poderosos.
Durante décadas, el amparo fue usado por grandes corporaciones, despachos fiscales o personajes con influencias para detener investigaciones, congelar procesos o evitar pagar impuestos millonarios. En algunos casos, se usaba incluso para impedir la aplicación de políticas públicas o frenar obras de beneficio social.
Eso se acabó. Con esta reforma, el juicio de amparo vuelve a su esencia: proteger al ciudadano común frente a los abusos de poder, no servir como herramienta para el privilegio o la corrupción.
Mi propuesta busca precisamente eso: ordenar el proceso, dar seguridad jurídica y cerrar los resquicios legales que por años fueron aprovechados por quienes tienen dinero e influencias.
La justicia debe ser pareja. No puede haber una para el pueblo y otra para los poderosos.
La reserva que presenté tiene un solo propósito y es el que la nueva Ley de Amparo funcione mejor, sin ambigüedades y sin trampas. Quien diga que es retroactiva, se equivoca o quiere confundir. Esta modificación da certeza, fortalece la justicia y garantiza que los juicios pendientes se resuelvan de manera más rápida, clara y justa.
La Cuarta Transformación no legisla para beneficiar a unos cuantos, sino para que la justicia llegue de verdad a todos.
Porque la ley debe proteger al pueblo, no blindar privilegios. Porque la justicia no puede seguir siendo lenta, cara y manipulada. Y porque el amparo, orgullo del derecho mexicano, debe seguir siendo un instrumento de libertad, no un negocio de impunidad.
Así de claro, así de sencillo. Ánimo, que la justicia ahora sí está del lado del pueblo.
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