XALAPA, VER.- En las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la Cuenta Pública 2024, se detectó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asignó al menos seis contratos por más de 120 millones de pesos sin la autorización legalmente exigida.
Si bien la dependencia a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga no reporta presunto daño patrimonial, sí enfrenta observaciones administrativas que exhiben irregularidades cometidas por Rocío de Abril Torres Polo, jefa de la Unidad Administrativa de la SSP.
En la revisión financiera del último año de la administración de Cuitláhuac García, se detalla que la dependencia ejerció un presupuesto de 7 mil 246 millones 616 mil pesos en gastos operativos para garantizar la seguridad de los veracruzanos.
El gasto en nómina pasó de 3 mil 872 millones a 3 mil 968 millones de pesos por concepto de servicios personales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el incremento en el rubro de servicios generales, que pasó de 379 millones 863 mil pesos a mil 488 millones de pesos, es decir, un aumento de más de mil millones de pesos.
Los servicios generales incluyen pagos de luz, agua, teléfono, internet, arrendamientos, mantenimiento de edificios, transporte y servicios profesionales.
El Orfis recomendó al Órgano Interno de Control iniciar procesos administrativos contra funcionarios estatales por incumplir con el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que generó el crédito fiscal número 500-64-00-05-02-2021-002542. No obstante, no se especifica el monto ni los impuestos omitidos.
Cuitláhuac gastó 100 millones en gasolina
Asimismo, se detectaron 16 contrataciones con proveedores y prestadores de servicio en las que el dictamen de procedencia —documento indispensable para justificar la excepción al procedimiento de licitación pública— no fue presentado ante el Subcomité de Adquisiciones. En consecuencia, los contratos se otorgaron sin la autorización legal correspondiente.
Uno de los contratos observados fue asignado a la empresa Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., con domicilio fiscal en Jalisco y representada por Saúl Guillermo Dávila Juárez. La firma recibió 100 millones de pesos por la contratación abierta para el suministro de combustible mediante monederos electrónicos destinados al parque vehicular de la SSP.
Rentaron camionetas blindadas
De igual forma, se detectaron tres contratos asignados a CD Carol, S.A. de C.V.; Hn Carcereri, S.A. de C.V.; y Tps Rental, S.A. de C.V., con domicilios fiscales en Emiliano Zapata, Culiacán (Sinaloa) y San Pedro de los Garza (Nuevo León), respectivamente.
Los contratos contemplaban el arrendamiento de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, en los documentos aparece el nombre de Miguel Cortés Jerónimo, jefe de la Ayudantía del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Las arrendadoras debían proporcionar tres Suburban blindadas modelo 2016 a 2023, además de dos Chevrolet Suburban y una Tahoe, así como vehículos Dodge Durango y Journey, una Ford Explorer y una Jeep Grand Cherokee.
La lista también incluía una Toyota Hilux 2021-2023, una Cheyenne Pick Up doble cabina 2023, una Nissan Frontier, y dos camionetas de pasajeros —una para 18 y otra para 15 personas—.
El costo de la renta diaria oscilaba entre 4 mil y 22 mil pesos, siendo las unidades blindadas las más caras. Aunque el dictamen de suficiencia presupuestal establecía un tope de 5 millones de pesos para la renta de vehículos, la dependencia terminó pagando 2 millones de pesos —con IVA— a cada arrendadora.
Por otra parte, también se observaron contratos relacionados con la compra de uniformes para la SSP. El primero fue asignado a la empresa Imagina Promocionales, S.A. de C.V., por un monto de 2 millones 799 mil pesos.
En tanto, la empresa Comiempsa, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Coatzacoalcos, recibió un contrato por 10 millones 729 mil 457 pesos para dotar de uniformes al Centro de Internamiento de Menores y a los Centros de Reinserción y Readaptación Social.
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