EU.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, a quien acusa de mantener vínculos con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
La legisladora fue incluida en la lista de personas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que apuntan a organizaciones criminales transnacionales y a actores relacionados con terrorismo.
De acuerdo con el comunicado oficial, Brown, junto con otros operadores locales y empresarios, habría facilitado las operaciones de Los Mayos en Rosarito, garantizando protección institucional y apoyo a las actividades criminales del grupo.
El Tesoro detalló que Brown Figueredo mantuvo una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, operador político ligado al Cártel de Sinaloa.
Gracias a esta relación, Arcega pudo influir en el gobierno municipal de Rosarito durante la administración de Brown, colocando a aliados en puestos clave.
El documento señala que durante su gestión como alcaldesa, la hoy diputada de Morena habría colaborado con empresarios y operadores financieros del cártel, como Jesús González Lomelí, para cobrar extorsiones y garantizar protección a las actividades criminales de los hermanos Arzate, líderes de Los Mayos en esa región de Baja California.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, advirtió sobre la magnitud del poder criminal del Cártel de Sinaloa y su capacidad de corromper a funcionarios locales.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró Hurley.
El funcionario destacó que esta acción se coordinó con la DEA, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de California, como parte de la estrategia de Washington para detener la expansión del narcotráfico y del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
En respuesta a las designaciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que instruyó un bloqueo administrativo a las personas físicas y morales señaladas por Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado de la UIF, la medida se aplicará a siete personas y 15 empresas en México, como parte de la cooperación internacional en materia de combate al financiamiento ilícito.
La institución subrayó que la integración de listas extranjeras se realiza de forma preventiva y no equivale a una determinación judicial.
“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, explicó la UIF.
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