México.-Las investigaciones que derivaron en la detención de 14 personas por un esquema de “huachicol fiscal” encabezado por dos mandos de la Marina revelaron una dimensión aún más grave: el tráfico de armamento destinado a organizaciones criminales en México.
De acuerdo con la vinculación a proceso contra los empresarios de MEFRA Fletes S.A. de C.V. —Manuel Portales Ávila, José Ramírez Guajardo y Anuar González Hemadi—, acusados por posesión ilícita de hidrocarburos, el aseguramiento del buque «Challenge Procyon» el pasado 31 de marzo no sólo permitió decomisar combustible de contrabando, sino también armas de alto poder.
“La fiscalía investiga a por lo menos ocho personas, mismas que adujo se encuentran vinculadas a una organización criminal que incluso presenta vínculos con grupos criminales bien establecidos como es el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como empresas fachadas con documentación aduanal manipulada y en rutas marítimas internacionales”, dice la versión del auto de vinculación a proceso a la que Latinus tuvo acceso.
Además del delito en materia de hidrocarburos, los empresarios enfrentan cargos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La trama se destapó gracias a una denuncia anónima que advirtió que un grupo delictivo vinculado al Cártel del Golfo operaba “con total impunidad para el ingreso de armamento bélico de alto calibre que dota a todas las organizaciones criminales del país”. Según la investigación, las armas ingresaban desde Estados Unidos en los mismos buques que transportaban combustible ilegal.
En el caso del buque cisterna «Challenge Procyon», atracado en el Puerto de Altamira, Tamaulipas, tanto el combustible como las armas fueron descargados en unidades de la empresa. Los agentes ministeriales detallaron que las armas estaban ocultas en cajas de madera y metal, y fueron trasladadas a un domicilio custodiado por hombres armados.
Un testigo relató que el inmueble, conocido como Mefra Patio Altamira, pertenece al Cártel del Golfo:
“Es común observar en la noche cómo llegan los autotanques escoltados por camiones lujosos de color negro con personas armadas que vienen de la aduana de Tampico. Lo que traen es para venderlo en las gasolineras porque es más barato y da más ganancias. En ese lugar también ingresan cajas de madera, y es sabido por todos los habitantes que son armas de fuego que traen del puerto de Tampico”.
Otro testimonio reforzó el nivel de complicidad institucional:
“Todos sabían que el ‘bisne’ estaba bien amarrado con el jefe de la Aduana y el Cártel del Golfo, ya que recibe su ‘mochada’ cada vez que descargan el hidrocarburo y las armas. Nadie hacía nada porque era una buena ‘lana’ la que se llevaban y todo lo tenían bien cuadrado con los de arriba”.
Los tres empresarios fueron vinculados a proceso en el penal federal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, junto con otros integrantes de la red que acusados de contrabando de combustibles y tráfico de armas para fortalecer a los principales cárteles del país.
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