La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó este domingo el homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús, quien se desempeñaba como director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.
De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:58 horas, en un domicilio ubicado en las calles Q y F de la colonia Villa Bonita, en San José del Cabo. Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal se trasladaron al lugar donde, en coordinación con peritos en criminalística de campo, realizaron el procesamiento de la escena.
La víctima, un hombre de 39 años de edad, originario de La Paz, fue encontrada con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de los servicios de emergencia que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
A través de un comunicado, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, lamentó el asesinato del funcionario y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colaboradores.
Lamentamos profundamente la pérdida de un extraordinario ser humano y servidor público. Brindamos nuestras condolencias y respeto a sus familiares y seres queridos”, señaló.
Asimismo, Rentería reiteró el compromiso del gobierno municipal de colaborar estrechamente con la PGJE para el esclarecimiento del crimen, y aseguró que seguirán trabajando de manera coordinada con las dependencias que integran la Mesa de Seguridad.
La PGJE informó que ya se abrió una carpeta de investigación para identificar y dar con los responsables del homicidio.
Con este caso, ya suman cuatro homicidios de altos mandos de corporaciones de seguridad en Baja California Sur entre los meses de abril y septiembre de este año.
Las víctimas han sido los comandantes de la PGJE, Ulises Cota y Mario Quezada, asesinados en La Paz; Nabor Sánchez, en Bahía Tortugas; y ahora Ángeles Ojeda, en Los Cabos.
Este incremento de la violencia contra funcionarios encargados de la seguridad pública ha encendido alertas en distintos niveles de gobierno, que reiteran su llamado a reforzar las estrategias de prevención y combate al crimen organizado.